Discurso para el Foro Productividad Innovación y Emprendedores del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 a inaugurar por el Presidente EPN.
MÉXICO PRÓSPERO. “PANEL PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN Y EMPRENDEDORES”.
MESA COMPETENCIA
PARA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA. SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD
DE: ADRIANA LABARDINI INZUNZA. ALCONSUMIDOR, A.C.
TEMA: BIENESTAR DEL CONSUMIDOR Y COMPETENCIA
FECHA: 9 DE MAYO DE 2013.
En
los últimos años el término competencia se ha vuelto un mantra que se
repite y escucha diariamente, globalmente. Casi diría que se ha vuelto
un fin en sí misma, no un medio.
Con mucho menor frecuencia se tiene presente en la construcción de las políticas públicas y la normatividad el bienestar del consumidor, fin último de la libre concurrencia y competencia de acuerdo a nuestro precepto 28 constitucional -antes y después de la reforma-. En efecto, el artículo 28 contiene un mandato fuerte y contundente, poco observado en nuestra vida diaria y que lamentablemente desmereció mucho en la Ley de Competencia Económica, que se quedó corta. Subrayo algunas partes cruciales:
En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.
Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.
Nociones adicionales se incorporarán de ser finalmente aprobada la reforma constitucional, tales como combatir restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, eliminar barreras, regular el acceso a insumos esenciales, regulación asimétrica, desincorporación de activos.
Paralelamente al modelo constitucional de libre concurrencia y competencia, nuestra Constitución también adopta un modelo de rectoría del Estado, un Estado que puede regular y fomentar las actividades que demande el interés general en el marco de libertades constitucionales. Bajo criterios de equidad social y productividad las empresa, competirán, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y cuidando el medio ambiente.
Los derechos de los consumidores rara vez son punto de partida para el Poder Legislativo su protección no es transversal, consistente, homogénea. La tutela que brindan reguladores ex ante como COFETEL, CNBV, CNSF, SHCP, CRE, COFEPRIS, SCT, SALUD, SEMARNAT, SEP oscila pendularmente.
Los defensores de los consumidores como PROFECO y CONDUSEF no han logrado cambiar conductas ni incentivos.
Si los los reguladores ex ante y en especial en sectores altamente regulados, son quienes limitan la competencia a título de protección a la industria o la libre concurrencia mediante barreras de entrada.
Lo más importante es destacar en esta Mesa, los dos modelos de competencia que veo en México: el que persigue, tutela y dibuja nuestro 28 constitucional, que sí tiene al consumidor en el centro, y otro modelo, el que ha prevalecido en México, que no busca el bienestar del consumidor aveces con la regulación como cómplice.
La alta concentración en sectores clave para el desarrollo, revela que ha prevalecido un modelo de competencia no centrado en el beneficio y satisfacción del consumidor sino en la audacia para ganar valiéndose de uno o más de los siguientes recursos: como los describe Pedro Schwartz en su libro sobre competencia y bienestar.
- Obtener protecciones o subvenciones o exenciones de las autoridades.
- Procurar acuerdos o colusiones para por lo menos atenuar los efectos de una sana competencia.
- Lograr ventajas, expansión o ahorros recurriendo a sobornos o prebendas.
- Publicidad engañosa, prácticas o contratos de adhesión abusivos, o candados para tener cautivos a los clientes descontentos haciendo imposible la competencia.
- Engañar sobre las finanzas corporativas o externalizar costos por ejemplo del daño ambiental o laboral.
El gran reto para México es cambiar tal modelo por el que enarbola nuestra Constitución y el que ha demostrado en muchos casos nacionales y extranjeros ser exitoso y motor de prosperidad para empresarios, consumidores y sociedades más equitativas que a grandes rasgos yo visualizo y resumo así:
- Un modelo que genera una mejor relación entre calidad y precio.
- Uno que diseña, cuida y monitorea sus procesos de postventa, atención al cliente y garantías efectivas en caso de fallas, desperfectos que generan lealtad.
- Una publicidad veraz, honesta, que informa, permite comparaciones, alerta de posibles riesgos, especialmente en alimentos, bebidas, medicamentos productos peligrosos y transgénicos.
- Un sistema de normalización no hecho por o para proteger a los actores presentes mucho más informada, equilibrada y científica.
- Competidores que se distinguen por sus contratos, prácticas y cultura del no abuso, de la excelencia y la responsabilidad social, no la imagen corporativa solamente.
- Un competidor que se somete al arbitraje de consumo en forma pública y generalizada como indicio de buena voluntad en la solución de controversias lo que genera confianza.
- Un sistema no oligopólico de certificadores, evaluadores de la conformidad y fomento de laboratorios independientes de las industrias y del gobierno.
- Adoptar de inmediato el sistema español e hispanoamericano del Libro de Reclamaciones en el punto de venta.
- Mayor publicidad comparativa sin incurrir en competencia desleal.
- Un fuerte impulso y desarrollo de estrategias para el comercio electrónico seguro y eficiente.
- Financiar o fomentar observatorios con precios de mercado de productos y servicios en competencia para facilitar la comparación de ofertas, pero amigables al lector.
- Mucho mayor destrucción creadora y tecnologías disruptivas a todo lo largo de la cadena para innovar como desde Schumpeter se fomentaba.
- Desarrollo de nuevos modelos de negocios que aporten más valor y no busquen rentas de la infraestructura básica o de los insumos como la interconexión.
- Investigación y desarrollo y capacitación sustantiva de la fuerza laboral, no solo la fuerza de ventas.
- Sensibilizar a todo el personal, especialmente a los departamentos jurídicos de los derechos de los consumidores.
- Ofrecer como ventaja competitiva muy altos estándares en la protección de los datos personales, la privacidad y la seguridad de sus redes y mecanismos de comercio electrónico.
Tres consejos para el Gobierno de la República que hoy nos convoca hacia un México Próspero:
- La peor colusión es aquélla entre grupos de presión y autoridades de cualquiera de los tres Poderes.
- La regulación o vigilancia de los mercados mediante formalidades vanas es simulación que tiene un alto costo para regulados y sociedad. Menos formalismos, más sustancia.
- Sea un modelo de competencia, regulación o uno mixto, Combatir sin miramientos la impunidad en la actividad económica pues es el peor disuasor de la competencia y el cáncer de nuestra Nación. Impulsar el lado de la demanda fomentando la organización de los consumidores y sus asociaciones, luchando contra las asimetrías en la información en tiempo real.
- Renovar los procesos de normalización y certificación ya obsoletos
- Garantizar la oportuna y ciega aplicación de la ley para desincentivar prácticas anticompetitivas.
- Fortalecer la protección de datos personales y la seguridad de las redes y los servicios públicos es prioritario para generar confianza en la economía digital.


