| Autor: Juan E. Pardinas / Fuente: Reforma |
Una República es una comunidad de personas, donde todos los individuos son iguales ante la ley. En una República no hay reyes o aristócratas que tienen un trato privilegiado de los tribunales. El artículo 40 de la Constitución establece que: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República". Creo que nuestra Carta Magna tiene un error en el fraseo. El artículo citado debería decir: "Es aspiración del pueblo mexicano" o tal vez "Es ilusión del pueblo" o de plano tirar la neta: "Es un sueño guajiro constituirnos en un orden legal, donde todos los ciudadanos tenemos igualdad de derechos y obligaciones".
En el mejor de los casos, la República Mexicana es una hipótesis. En la política y la economía nacional, las reglas tienen excepciones y contratos con letra chiquita. El campo de juego no es parejo para consumidores y ciudadanos. Un ejemplo reciente de nuestra parodia republicana es la aprobación, en la Cámara de Diputados, de un proyecto de reforma constitucional sobre acciones colectivas. La iniciativa cancela el derecho de los consumidores a organizarse para exigir justicia y resarcir un abuso cometido en su contra.
Los diputados le dejaron dos alternativas a los consumidores mexicanos víctimas de una arbitrariedad: una mala y otra peor. La opción mala consiste en acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor para que esta institución presente la demanda ante los tribunales. Hoy la Profeco tiene el monopolio exclusivo de representar el interés de los consumidores. Si el Senado ratifica el bodrio de San Lázaro, las organizaciones sociales no podrían presentar acciones colectivas a favor de un grupo de ciudadanos. Lo último que necesita México es un nuevo monopolio y ahora los diputados le dan rango constitucional a la facultad única y exclusiva de la Profeco para representar los intereses de consumidores organizados. Una persona que trabaja en Profeco me informa que el área jurídica encargada de presentar acciones colectivas cuenta con un equipo de cinco abogados: ¡un quinteto de licenciados para representar a 105 millones de consumidores!
La iniciativa aprobada en San Lázaro provocaría el aplauso de José Stalin o de cualquier otro prócer del Estado totalitario: una oficina de burócratas es la única entidad con capacidad legal para defender los intereses de los consumidores. Los individuos no tienen el derecho a la organización colectiva para defenderse en los tribunales.
La peor de las opciones para el consumidor mexicano es acudir individualmente a un juez para exigir el resarcimiento de un daño por un proveedor de bienes y servicios. Si un mexicano común acude por sí solo a un tribunal para demandar a Telmex por un cobro indebido en su recibo telefónico, el afectado no necesita un abogado, más bien le urge un psiquiatra. Sólo un loco se metería en un pleito legal con el despacho jurídico de un monopolio o una gran empresa. Un consumidor mexicano tiene mejores posibilidades de defender sus derechos si bloquea una avenida, que si acude con un juez.
El libro Good Capitalism-Bad Capitalism señala ideas interesantes para evitar que las acciones colectivas se conviertan en motivo de litigaciones frívolas que busquen extorsionar a las empresas. Sin embargo, todas las economías modernas cuentan con un sistema de acciones colectivas donde los consumidores organizados pueden acudir directamente a los tribunales. En Estados Unidos, un grupo de inversionistas defraudados por Bernard Madoff inició un juicio de acción colectiva en contra del estafador más grande de la historia contemporánea. En México, las víctimas de esta misma estafa no tienen el derecho de acudir como grupo a un tribunal.
La competitividad y el desarrollo de México dependen de la construcción de una República de mercado: una versión virtuosa del capitalismo, donde todos los actores económicos están en igualdad de condiciones ante la ley. El Senado puede salvar a los consumidores mexicanos del despropósito que aprobaron los diputados.
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