| Fuente: Milenio |
15 de marzo de 2012. En México los derechos de los consumidores y de los usuarios de los servicios públicos enfrentan una crisis. Se trata de un fenómeno que también atenta contra la economía, su competitividad y el desarrollo. Los indicadores que miden el respeto al derecho de los consumidores colocan a México a la zaga de América Latina y lo ubican en los últimos lugares junto con países como Costa de Marfil o Nigeria.
Ayer, Adriana Labardini, activista y fundadora, junto con Daniel Geherson, de la organización Alconsumidor, lanzó una alerta sobre la situación de los consumidores mexicanos del sector financiero.Labardini junto con Consumers International se reunirá en Washington con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para asegurarse de que los consumidores sean escuchados en la elaboración de los lineamientos de la OCDE sobre protección al consumidor de servicios financieros, así como en temas de inclusión financiera, y la gobernanza de Red Internacional de Protección a los Consumidores Financieros (Finconet), todo ello en la agenda del G20.
No es un tema menor. La deuda de los hogares mexicanos suma ya más de 2 billones 168 mil pesos (14 por ciento del PIB) que se distribuye entre el sector financiero, tiendas departamentales, hipotecas, así como productos y servicios asociados al sector de las telecomunicaciones. A propósito del Día Mundial por los Derechos de los Consumidores, Labardini habló de la necesidad de que en foros como el G20, en el que México será el país anfitrión, se reconozca la importancia de servicios financieros, seguros, justos y competitivos.
La petición de Labardini forma parte de los esfuerzos que a escala mundial realiza Finconet, cuya constitución está a punto de formalizarse. La agenda pendiente en el sector financiero es un trato justo para los excluidos de los servicios financieros y la ponderación del crédito productivo sobre el crédito al consumo.
El endeudamiento también es otro punto de esta agenda. La defensa de millones de familias que no cuentan con protección alguna, como sí la tienen las empresas. Alejandro Calvillo, que dirige El Poder del Consumidor, ha pedido ante el Poder Legislativo una iniciativa que impulse ley de insolvencia familiar.
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