El Análisis Político Semanal que elabora el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) toca en su número más reciente tres temas clave para los empresarios en México. Estos temas son: 1) El tipo de cambio, que está afectando la operación de millones de empresas. 2) Los cambios en la Subsecretaría de Comunicaciones, que evidencían el rezago en materia de regulación y competencia que enfrenta el país cuando hablamos de temas como conectividad. Los empresarios en México pagan caro por un servico malo. 3) Los problemas que enfrenta el Fondo Nacional de Infraestructura, cuyo objetivo debería ser reducir los efectos de la crisis y crear obras que detonen el desarrollo económico del país.
Riesgos cambiarios y devaluación del peso
El peso continúa con su deslizamiento frente al dólar. Tanto que el pasado miércoles el Banco de México intervino directamente en la colocación de $400 millones de dólares, ya no por medio de subasta pública. Esta fue una maniobra delicada que envía la señal de que la desaceleración comienza a tocar los fundamentales de la economía nacional. El dato relevante se encuentra en una balanza de pagos deficitaria que implica la caída de flujos de inversión, es decir, la entrada de divisas a México ya no es suficiente para compensar la salida. El impacto devaluatorio del peso va más allá del diferencial de tasas entre México y EE.UU y del apalancamiento de los bonos denominados en dólares: entraña la existencia de problemas estructurales en la economía mexicana. La intervención directa de Banxico en el nivel de paridad puede ser una acción de emergencia, pero sería delicado que este mecanismo se vuelva recurrente. Como ya lo vivimos en 1994, las reservas tienen un límite y son simplemente una herramienta temporal.
Sucesión complicada en la Subsecretaría de Comunicaciones
Esta semana se difundió la renuncia de Purificación Carpinteyro a la Subsecretaría de Comunicaciones, por diferencias irreconciliables con el secretario Luis Tellez. Como ha sucedido en otras secretarías de estado, Carpinteyro había llegado a esa posición por designación presidencial y desde su nombramiento había mantenido una tensa relación con Tellez. La pugna se decidió a favor del secretario cuando una confrontación en diciembre llevó a que la Presidencia retirara el apoyo a la subsecretaria. La nueva subsecretaria –la abogada Gabriela Hernández– es una funcionaria con amplia trayectoria en el sector público que llegará a seguir la línea del secretario Téllez y a ayudarle a poner orden en un sector lleno de conflictos entre funcionarios y empresas. La salida de Carpinteyro mandará una señal de disciplina a otras secretarías donde las líneas de lealtad y cooperación con el superior jerárquico no han sido tan claras. Pero el cambio de funcionarios retardará inevitablemente la atención a la larga lista de pendientes regulatorios, entre otros: la entrada de Telmex al mercado de televisión, las subastas pendientes de frecuencias para servicios de banda ancha, y las disputas en tribunales sobre tarifas de interconexión entre celulares y teléfonos fijos.
¿Infraestructura para la crisis o crisis en gasto de infraestructura?
Hace un año se creó el Fondo Nacional de Infraestructura (FNI) para hacer frente a los retos impuestos por la crisis económica global, pero aún no queda clara la estrategia para asignar estos recursos. El FNI pretende canalizar 270 mil millones de pesos en el periodo 2008-2012 combinando inversión pública y privada para construir y reparar infraestructura carretera, hidráulica, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria. Los retos para el correcto ejercicio de estos recursos en el actual contexto de crisis no son menores. Aunque el Fondo fue creado para dar confianza a inversionistas, el financiamiento privado para proyectos de infraestructura se encuentra paralizado a nivel global. Adicionalmente, todos los niveles de gobierno han demostrado incapacidad, en términos legales y burocráticos, para procesar los recursos presupuestales a tiempo –hacia finales del 2008 la SCT aún no ejercía un tercio del presupuesto asignado. Finalmente, existe el dilema entre aprobar proyectos que estimulen el empleo y la producción a corto plazo para reducir los efectos negativos de la crisis, o proyectos de alto valor agregado con ejecución de largo plazo, y que servirían para impulsar la productividad del país una vez pasada la recesión. De no encontrar soluciones adecuadas para estos retos el gobierno podría perder la oportunidad de inyectar dinamismo a la economía.

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