El espacio del e-lector

Cómo 'cabildeó' Calderón su reforma política

Ernesto Núñez

4 de noviembre del 2009, Residencia Oficial de Los Pinos:

El presidente Felipe Calderón recibe a 11 politólogos para rebotar con ellos sus ideas para una reforma política.

Lo acompañan Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación; Juan Molinar, secretario de Comunicaciones y Transportes; Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública; Patricia Flores Elizondo, jefa de la Oficina de la Presidencia; Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular del Presidente, y Alejandro Poiré, subsecretario de Población de la Secretaría de Gobernación, quien se ha convertido en el principal impulsor de la iniciativa gubernamental.

Fue Poiré quien, durante la última semana de octubre, llamó personalmente al grupo selecto de politólogos invitados a la reunión con el Presidente: María Amparo Casar, Denise Dresser, Federico Estévez, Jesús Silva-Herzog Márquez, Soledad Loaeza, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Gabriel Negretto, Juan Pardinas, Federico Reyes Heroles, Jeffrey Weldon y José Woldenberg.

En un comunicado de Los Pinos difundido muy noche aquel 4 de noviembre informa que la reunión tuvo por objeto intercambiar puntos de vista sobre las transformaciones que requiere el país en materia política.

Lo cierto es que la reunión, citada a mediodía para durar dos horas, se prolongó hasta la tarde y ocupó al menos la mitad de la agenda presidencial de ese día. Según algunos asistentes, Calderón lucía muy interesado en el tema, de buen humor y hasta emocionado por conocer de primera mano la opinión de aquellos a quienes cotidianamente lee en los periódicos. Tanto, que la reunión duró más de cuatro horas.

En un momento del encuentro, el Presidente habló de la segunda vuelta y dijo que él, de alguna manera, era una víctima de que México no tuviera este mecanismo en sus leyes, pues le hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza derivados de lo apretado de su triunfo frente a Andrés Manuel López Obrador en el 2006.

Se habló de reelección consecutiva de diputados federales y locales, de senadores y de presidentes municipales. Se habló de iniciativa preferente, de iniciativa ciudadana y candidaturas independientes, de partidos pequeños, del derecho del Poder Judicial a presentar iniciativas.

Prácticamente los diez puntos de la iniciativa presentada por Calderón el 15 de diciembre fueron tocados en esa reunión. Además de otros que el Ejecutivo no recogió en su proyecto.

Los asistentes afirman que, más que recopilar ahí las ideas para confeccionar su iniciativa, lo que hizo el Presidente fue presentar en sociedad –aunque sólo ante un público muy selecto– la propuesta que parecía ya tener en su escritorio. Un proyecto preparado con antelación en la oficina de Poiré, a quienes todos ubican como el artífice de la reforma.

Licenciado en ciencia política del ITAM con maestría y doctorado en Harvard, Poiré comenzó el sexenio de Calderón como director general de análisis político de la Presidencia de la República; cuando Juan Camilo Mouriño fue secretario de Gobernación, lo nombró comisionado de Desarrollo Político de Segob, y a partir del 26 de mayo pasado fue nombrado subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos.

Presentada la iniciativa, en las últimas horas Poiré ha sido el portavoz del gobierno en el tema. Saltó del debate sobre la cédula de identidad ciudadana a la defensa de la reforma política sugerida por Calderón.

Pero, ¿qué deja ver este encuentro de Calderón con politólogos?

Primero y más importante: que el Presidente decidió cabildear primero con formadores de opinión pública, que con el Congreso.

Hasta el momento no se sabe de alguna reunión en la que Calderón haya buscado el apoyo del PRI o del PRD a su iniciativa. Es probable que los panistas tampoco conocieran el proyecto, pues a sus legisladores parece que los agarraron fuera de base (como es costumbre).

Al estilo Fox, el presidente Calderón optó por dar el debate en los medios, antes que en las cámaras del Congreso. No falta mucho para que comiencen a difundirse spots de radio y televisión promoviendo la iniciativa presidencial.

Contrario a lo que había prometido en su campaña y en el periodo de transición, el Presidente no está haciendo política "a nivel de cancha", tú a tú con cada uno de los legisladores que necesita para aprobar su reforma. No, está ganando adeptos en la opinión pública que podrán comentar bien su iniciativa, pero no la votarán.

Segundo: deja ver que el Presidente tenía un proyecto desde principios de noviembre. Es lógico que no lo presentara antes del 15 de ese mes, pues se estaba debatiendo y votando el Presupuesto de Egresos, pero ¿por qué esperar un mes para enviarla? ¿Por qué no presentarla entre el 15 y el 30 de noviembre, cuando el Congreso estuviera todavía en sesiones ordinarias? ¿Por qué el 15 de diciembre?

Aparentemente, por las mismas razones por las que decidió cabildearla con líderes de opinión antes que con líderes partidistas: para ganar el debate mediático.

Ya se verá en el 2010 si Calderón también está dispuesto a dar el debate legislativo o si, como ocurrió con su reforma fiscal de septiembre, deja que su iniciativa muera entre la apatía priista, el rechazo perredista, la inoperancia panista, la guerra contra el narco, la crisis o la fiesta del Bicentenario.

¿Hará como Obama, que decidió jugarse su gran capital político en su reforma sanitaria?, ¿o decidirá resguardar su resto, que ya no es mucho?

Fin de periodo

El primer periodo ordinario de sesiones de la LXI Legislatura concluye este martes (15 de diciembre) con un saldo negativo para la ciudadanía y un par de decisiones cruciales: la aprobación de la propuesta presidencial para que Agustín Carstens sea el nuevo gobernador del Banco de México (en el Senado), y la votación para determinar quién será el titular de la Auditoría Superior de la Federación los próximos ocho años (en la Cámara de Diputados).

La de Carstens es prácticamente una decisión tomada. Que el Presidente no haya planteado su propuesta con el tiempo suficiente para ser procesada por el Senado y que no cuidara las formas (pues antes de que se aprobara nombró como sustituto en Hacienda a Ernesto Cordero y sustituyó a éste por Heriberto Félix Guerra en Sedesol, dando por descontado que le aprobarían el nombramiento de Carstens), parece ser lo de menos. Lo interesante es, en todo caso, que a pesar de que Carstens llega al Banco de México con una indudable trayectoria y prestigio en el mundo financiero, lo cierto es que su nombramiento se da después de dos años de una fallida conducción  de la economía mexicana, con errores de cálculo, exabruptos –como el del catarrito– y números de decrecimiento económico y desempleo que en otro país serían suficientes para irse, no al Banco, sino a la banca.

En el caso de la Auditoría, los diputados deberán decidir entre tres personajes: José Luis Nava Díaz, director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales; Julián Alfonso Olivas Ugalde, ex titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF y actual secretario ejecutivo de Servicios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Juan Manuel Portal Martínez, auditor especial de cumplimiento de la ASF y ex contralor de Pemex en la administración del actual coordinador de la bancada priista en San Lázaro, Francisco Rojas.

Todos ellos, en menor o mayor grado, son personas cercanas al actual auditor, Arturo González de Aragón, lo que permite augurar una continuidad en el trabajo de la ASF, con todo lo bueno y todo lo malo que ello implica. Bueno, porque se puede esperar que se mantenga una actitud crítica hacia el gobierno panista; malo, porque también en la Auditoría se ha señalado la necesidad de una renovación que permita avanzar en materia de fiscalización.

Los saldos

Para muchos observadores, los saldos de este primer periodo son devastadores en materia institucional:

1. Se ratificó a un procurador general de la República, Arturo Chávez, severamente cuestionado por la sociedad civil y los organismos defensores de derechos humanos por sus dichos y omisiones en el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez.

2. Se nombró a un ombudsman nacional (Raúl Plascencia), que decepcionó a los mismos activistas y defensores de derechos humanos por garantizar la continuidad de una era que dejó más sombras que luces en la CNDH: la de José Luis Soberanes.

3. El Presidente, en complicidad con la tibieza del PRD y la abstención del PRI, logró imponer a dos comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información: su ex consejera en seguridad, Sigrid Arzt, y a una persona afín al PAN, María Elena Pérez-Jaén. Dos datos agravan estos nombramientos: primero, que sustituyen a dos comisionados que se habían caracterizado por su independencia, Juan Pablo Guerrero y Alonso Gómez Robledo, y segundo, que sumadas a José Ángel Trinidad Zaldívar (también cercano al PAN), tendrán mayoría en el IFAI frente a las comisionadas "independientes": Jacqueline Peschard y María Marván.

4. A la Suprema Corte de Justicia llegaron dos nuevos ministros, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Luis María Aguilar, en sustitución de Mariano Azuela y Genaro Góngora Pimentel. Aunque los electos no fueron objeto de mayores críticas, su elección fue producto de acuerdos cupulares entre los partidos y no permitió que se transparentaran y debatieran a fondo los perfiles y proyectos de los aspirantes. En una sesión de menos de tres horas el Senado escuchó las ponencias de los candidatos y procedió a votar sin debate previo, lo que dejó claro que los aspirantes traían amarrados los votos desde un día antes.

5. El paquete económico se aprobó prácticamente por unanimidad, pero volvió a dejar pendiente una reforma fiscal de fondo. En plena crisis, el gobierno volverá a tener un presupuesto histórico por su monto, superior a los tres billones de pesos, financiado con nuevas tasas en IVA e ISR, y sin mecanismos nuevos que promuevan la austeridad, la eficiencia en el gasto o la transparencia.

En resumen: el ciudadano aportará más recursos, se apretará el cinturón; los gobiernos (federal, estatales y municipales), las Cámaras del Congreso, el Poder Judicial y los organismos autónomos seguirán gastando a manos llenas.

6. El Congreso fue sensible a un movimiento ciudadano que le exigió no gravar internet, pero aprobó un impuesto especial al resto de las telecomunicaciones.

7. Los senadores le corrigieron la plana a la Cámara de Diputados y rechazaron una exención a Televisa que le dará jugosas ganancias en el 2010, pero la Cámara volvió a aprobarla y, en una sesión ocurrida tres días después de la primera votación, algunos senadores del PAN y el PRD cambiaron el sentido de su voto, se doblegaron frente a Televisa, y autorizaron la exención.

8. El voto popular fue burlado por el PRI y el Partido Verde, que inscribieron a mujeres como candidatas y después las "bajaron" para que entraran sus suplentes. El escándalo de "Las Juanitas" dejó claro que en este país nadie sabe para quién vota.

9. Como cada año, y a pesar de que hace un año se pesumió con bombo y platillo la aprobación de un nuevo formato en el Informe Presidencial, los diputados citaron a comparecer a todo el gabinete, básicamente para jalar reflectores, tratar de ridiculizarlos y generar simpatías entre su voto duro. El 'show' de las comparecencias no se tradujo en un ejercicio serio de rendición de cuentas. La pregunta parlamentaria ssirvió para que los partidos enviaran decenas de cuartillas con interrogantes al Ejecutivo, pero no para que la sociedad tuviera más claridad sobre el

¿Alguien recuerda un periodo de sesiones de más triste memoria?

EN.

Guardería ABC, seis meses sin justicia

Texto de Daniel Gershenson, publicado en Enfoque el pasado domingo 6 de diciembre.

Guardería ABC, seis meses sin justicia

Esto sucedió así. Era el mediodía del viernes 5 de junio de 2009. Un incendio que dio inicio en bodegas de la Secretaría de Hacienda acabó esparciéndose por el espacio compartido, y llegó con fuerza indescriptible hasta la Guardería ABC de la Colonia Y Griega en la ciudad de Hermosillo.

Dentro del galerón subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, del que eran dueños miembros de distinguidas familias sonorenses, reposaban cientos de niños de 0 a 4 años de edad, total y absolutamente indefensos. Lo que sucedió después es de sobra conocido: 49 niños –cuyos padres jamás imaginaron que esa misma mañana habrían de depositar a sus hijos e hijas en una trampa mortal– murieron en el lugar de los hechos, o tiempo después en clínicas y hospitales, abatidos por el humo y por el fuego.

Cuarenta y nueve vidas cercenadas por la guadaña de la impunidad. Decenas de sobrevivientes con secuelas físicas y sicológicas graves que les afectarán a ellos y a sus familiares para siempre.

Para cualquiera con una pizca de sentido común, estaba claro que la bodega-guardería jamás debió de haberse habilitado para dar ese servicio. No cumplía con mínimos estándares de seguridad y mantenimiento. Eran más que evidentes las numerosas anomalías en su diseño y ubicación.

En cuanto se conoció la noticia, los tres niveles de gobierno se enfrascaron en disputas estériles. Habían abdicado de su función más elemental, a saber: la protección de la vida y la salud de los más vulnerables.

Después del horror indescriptible, vino la opacidad. Un tejido de intereses –que abarca a miembros de la élite política, empresarial y eclesiástica– salió al paso de cualquier investigación confiable. El entonces gobernador, Eduardo Bours, se lavó las manos, alardeando que en sus noches dormía como niño. Entretanto, funcionarios de su gobierno ofrecían a los padres afectados empleo, moneda o especie. La gestión del empresario priista terminaba meses después, en el más absoluto descrédito.

Llegó el panista Guillermo Padrés. Él se había comprometido a llegar al fondo del asunto, pero ratificó como procurador estatal a Abel Murrieta (cuestionado por su mal desempeño durante el incendio, y sus secuelas en la administración de Bours). Pésima señal. Padrés retiraba una promesa que había sido la principal razón de su triunfo electoral.

Los jueces asignados a la causa tampoco cumplieron. Parcialidad descarada, fianzas ridículas para los dueños de la guardería, maltrato a los padres de familia, tortuguismo: apuestas al desgaste u olvido que no podían prosperar. Por ese motivo, los padres de Hermosillo presentaron denuncia formal en el Consejo de la Judicatura, cuyas conclusiones se harán públicas a principios del año entrante.

Justicia colectiva

Y sin embargo, hubo luces en la oscuridad. A petición de los padres, la Suprema Corte inició una investigación, aún en curso. Ya se trabaja en un dictamen técnico, elaborado por peritos norteamericanos, para determinar los verdaderos orígenes del incendio. De lo que no hay duda es que prevalecieron criterios estrictamente comerciales en el manejo de la guardería.

Mucho se ha logrado en estos seis meses. No todo lo que se quiere, pero sí ha despertado la conciencia en la opinión pública. Miles de ciudadanos volcaron su apoyo a los padres que conforman el Movimiento 5 de junio, y que son grandes ejemplos de entereza, tenacidad y valentía en circunstancias sumamente adversas.

Con el tiempo transcurrido se han ampliado aún más los vínculos sociales y de apoyo, y con ello está cerca la anhelada obtención de verdad y justicia en el caso de la Guardería ABC.

Los medios han sido baluarte contra la amnesia y el fatalismo. Gracias al empuje de una sociedad cada vez más exigente, informada y sobre todo participativa, muy pronto podrían aprobarse reformas fundamentales que otorguen armas de defensa a grupos y comunidades vulnerables, en temas como el de la salud y los derechos humanos: nos referimos a las Acciones o Procesos Colectivos. 

El incendio de la Guardería ABC enlutó hogares, a la nación entera, y le dio la vuelta al mundo: es un punto sin retorno. De las lecciones que se obtengan, y su traducción en políticas públicas para los niños mexicanos dependerá nuestro destino (por un lado, generoso e incluyente: por el otro, ensimismado y bárbaro). Con reformas de fondo a favor de un acceso pleno a la  Justicia Colectiva –apoyados siempre por los padres de Hermosillo– podremos transitar de la gesticulación al cambio duradero, y 49 muertes infantiles no habrán sido en vano.

El autor es presidente de Alconsumidor, AC.

Congreso del PRD: reacomodo sin refundación

La falsa refundación

Jésica Zermeño

El sábado pasado, antes de concluir el segundo día de trabajos del XII Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, el senador Pablo Gómez se apareció en la carpa donde trabajaba la mesa de Estatuto, la más concurrida, en la que participaron dos terceras partes de los asistentes.

Serio, taciturno, el senador caminó despacio hacia la tarima donde se encontraba la que fungía en ese momento como presidenta de la mesa, Dolores Padierna, a quien le dijo algo al oído.

Minutos después Padierna anunciaba a los casi mil congresistas presentes que Pablo Gómez haría uso de la palabra para pronunciarse en contra de reducir el porcentaje de votación del Consejo Nacional, de 66 a 60 por ciento, para cambiar el voto libre, universal y secreto de los militantes para la elección de los candidatos perredistas por otro método de elección.

Por primera vez en todo el Congreso, quien fuera militante del Partido Comunista Mexicano y presidente del Partido Socialista Unificado de México tomó la palabra.

"Es mi convicción que nuestro partido ha dejado de ser un partido fundamental del pueblo y de la nación mexicana. Que durante muchos años hemos venido renunciando a la aspiración de un liderazgo sobre la base de la lucha por una transformación profunda de México. Que hemos permitido regresiones en nosotros mismos, y que hemos dejado de ser un partido de valores para ser un partido de acuerdos y de acomodos", sentenció.

En un hecho insólito: la gravedad del diagnóstico no generó caras largas o desaliento entre los protagonistas de ese desastre. Todo lo contrario: el discurso, que pronunciado por un crítico externo hubiera causado un gran abucheo, fue correspondido con una cascada de aplausos que retumbó en el Centro de Convenciones IMSS Oaxtepec, en Morelos, donde se desarrolló el Congreso bautizado como "refundacional" porque, según sus líderes, el resultado sería la reestructuración total del sol azteca, al establecer los mecanismos para regular a las tribus y llegar a todos los lugares donde el partido no existe.

El legislador continuó. Denunció que México vive la crisis económica más profunda en 70 años y el PRD no estaba preocupado por hacer una propuesta alternativa sobre el tema, y señaló que lo que debía mover al partido no era la unidad interna, sino la convocatoria al pueblo mexicano para unirse contra el Estado oligárquico que se conforma en el país a través de dos partidos, el PRI y el PAN.

Dijo que el PRD había renunciado a su grito de guerra: el respeto al sufragio.

"Volvamos a ser un partido fundamental del pueblo y de la nación, no nos dejemos vencer por nosotros mismos. Somos demócratas, somos socialistas, somos y debemos ser la vanguardia de un pueblo que quiere transformar este país, unamos al pueblo en la democracia, ésa debería ser nuestra consigna", concluyó.

Ése fue el diagnóstico del legislador que cumplió este año tres décadas en el Congreso representando a la izquierda.

Los aplausos que recibió fueron tan estruendosos como los que recibieron un día antes, en ese mismo escenario, el presidente del partido, Jesús Ortega, y los coordinadores parlamentarios, Carlos Navarrete y Alejandro Encinas, cuando aseguraban que estaban fuertes y unidos, en la inauguración del Congreso Nacional.

‘Democracia’ de la izquierda

Sin embargo, el PRD no pudo reconfigurarse en el Congreso, como lo pidió el legislador, y volvió a ser víctima de sus enemigos internos, las tribus, al no acotar su margen de acción de manera real y dejar que los líderes de esos grupos de presión impusieran sus reglas para hacer alianzas electorales a su conveniencia.

Los documentos consensuados previamente al Congreso establecían varias prohibiciones para las corrientes, como la de formar grupos de opinión dentro de los comités seccionales –la nueva unidad de base que pretende darle al partido presencia en todo el país–, tener una sola sede –hoy nadie regula sus inmuebles– y firmar una carta compromiso estableciendo sus prioridades.

Lo único que se aprobó fue que las tribus tuvieran una publicación bimestralmente que plasme su ideario, que sus líderes participen en debates periódicos con los líderes de otras corrientes y que rindan informes financieros cada tres meses. Nada de fondo.

Además, permaneció la elección de candidatos a puestos de elección popular con voto universal, libre y secreto de los militantes, pero se redujo a 60 por ciento el consenso que debe haber en el Consejo Nacional del partido para cambiar el método.

En el tema donde hubo más debate, la definición de las alianzas electorales, no hubo consenso. Se formaron dos bandos, uno de Nueva Izquierda, que pugnaba por establecer las alianzas en función a realidades locales, y otro de los lopezobradoristas, que pedían sólo alianzas con el Partido del Trabajo y Convergencia. Los oradores de ambos grupos apelaban a la congruencia.

Más de cinco horas duró la discusión. Ante el disenso, el tema se dejó para la plenaria del Congreso, el domingo, donde se supone se discutiría el tema ante todos los delegados.

Fue ese día, en la plenaria, donde se dejó ver el verdadero espíritu del partido de izquierda más grande del país.

Al presentar el resumen de la mesa de Línea Política, el ex diputado Ulises Lara informó que los disensos habían sido incluidos en una nueva redacción, que leyó a la audiencia. El texto era el mismo que se había propuesto al inicio del Congreso: conformar alianzas por objetivos programáticos y no por personalidades, alianzas de amplio espectro que no mellen el carácter de izquierda del sol azteca. Un texto neutro que puede ser útil en cualquier situación.

Entonces, el diputado Jesús Zambrano, en calidad de moderador de la mesa, sentenció:

"En opinión de la comisión, el asunto del diferendo estaría saldado. Es opinión también de la propia Presidencia Colegiada de este Congreso que efectivamente este diferendo está, estaría saldado con estas consideraciones y estos contenidos que están ahí, en el propio documento base, y por lo tanto no hay ningún tema, ningún asunto que especialmente deba ser sometido a la discusión de este Congreso para su resolución.

"Y en tal virtud, yo voy a pedirles que aprobemos con nuestro voto en un solo acto, el conjunto de los asuntos que se nos presentaron en la relatoría de mesa (sic) Política, y sírvanse por lo tanto manifestarlo levantando su voto".

De más de mil 500 congresistas presentes, sólo hubo seis votos en contra y 10 abstenciones. "Por clara mayoría se aprueba el documento", dijo Zambrano.

Para ese resultado tan contundente se había preparado la cúpula perredista los días anteriores, reuniéndose mañana, tarde y noche para definir cuáles eran los resultados que se querían de la refundación del partido. Así definieron las reglas de discusión en el Congreso, pactaron dejar la elección abierta de candidatos y decidieron un texto light para las alianzas.

Los resultados los comunicaban a sus congresistas casi inmediatamente, para que votaran acorde con los planes.

Los operadores fueron siempre los mismos. Por Nueva Izquierda el presidente, Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Miguel Barbosa, el coordinador de la corriente. Por Izquierda Democrática Nacional Dolores Padierna y su esposo, René Bejarano, quien operó desde otro hotel, así como Agustín Guerrero. Por Alternativa Democrática Nacional, con fuerza en el estado de México, Héctor Bautista y Ángel Cedillo. En representación de Alejandro Encinas estuvo Ricardo Ruiz, y por Foro Nuevo Sol, la corriente de la gobernadora zacatecana Amalia García, participaron Hortensia Aragón, la secretaria del partido, y Eloí Vázquez.

René Arce, aunque estuvo presente en algunas reuniones, se mantuvo al margen, pues prepara su salida del partido.

La conclusión

La cereza en el pastel fue el boicot el domingo al discurso del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, durante la clausura del Congreso refundacional, cuando otra corriente que rompió negociaciones con el partido días antes, Izquierda Social, liderada por Martí Batres, expuso cartulinas de protesta contra el método de selección de candidatos, que prácticamente no había sido modificado.

El coraje de Batres, que saldrá en próximos días de la Secretaría de Desarrollo Social capitalina, es el apoyo que Ebrard dio a Alejandra Barrales para coordinar el grupo parlamentario perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quitándole poder a él.

"Fue una torpeza, pero no quisieron hablar con nosotros antes. Los pleitos con Ebrard se podrían haber resuelto de otra manera", dijo un integrante de la Comisión Política.

Ése fue el Congreso refundacional del partido, que se definió por acuerdos y acomodos, o desacomodos, pero siempre manejado por las tribus. Ése es el partido que describió Pablo Gómez.

"Todas las huestes de las corrientes mayoritarias estaban preocupados por ver cómo se repartían el botín, no por qué le vamos a ofrecer a la población como alternativa. Por eso la mayoría de los delegados estaban pendientes de la mesa de Estatuto, porque ahí decidió cómo elegir a los futuros candidatos.

"En la mesa de Programa, que es lo que refleja con qué vamos a diferenciarnos de los otros, había unos 20 debatiendo. Por eso somos iguales a ellos. En esta unidad simulada la militancia no se escuchó jamás", comentó al final una congresista que participó en la mesa del Programa, harta del evento.

Al final, mientras en Copenhague las izquierdas progresistas del mundo se alistaban para presentar sus posturas sobre el cambio climático, Jesús Ortega festejaba como principal logro de su "Congreso refundacional" que el PRD hubiera salido vivo de este cónclave, que le costó a los mexicanos 10.5 millones de pesos.

"Todos aquellos que esperaban que el PRD se iba a fracturar en su Congreso (sic), se quedaron con un palmo de narices, se frustraron las aspiraciones que pretendían ver sangre", se vanagloriaba el líder.

En efecto, las tribus lograron salir unidas, tras un acuerdo más de supervivencia política. El diagnóstico de Gómez quedó en un discurso, ovacionado sí, pero no atendido. Su propuesta de reforma, esa sí de refundación, sucumbió ante los acuerdos cupulares de chuchos y bejaranistas, que fueron aprobados casi por unanimidad, a mano alzada. Las mismas manos que antes aplaudieron cuando Gómez advirtió: "hemos dejado de ser un partido de valores para ser un partido de acuerdos y de acomodos".

Del voto nulo a la reforma política

Algo parece moverse en el ánimo de los principales actores de la política.

Con optimismo, podría pensarse que la clase política está haciendo caso a los ciudadanos que el pasado 5 de julio enviaron un mensaje claro al promover y ejercer el voto nulo, algunos de los cuales mantuvieron su organización para ejercer la "protesta con propuesta" y empujar cambios en el régimen político.

Hace seis meses, un millón 633 mil ciudadanos votaron en blanco (más del 5.5 por ciento de los votos emitidos), como producto de un movimiento que surgió por generación espontánea. Algunos ubican el origen con la frase: "el voto nulo nació en un cibercafé de Guadalajara". Es muy probabale que sea cierto.

Disperso y espontáneo, el movimiento anulista emitió muchos mensajes, algunos de argumento y otros de exigencia.

Argumentos:

Todos son iguales.

Ya nos fallaron una y mil veces, nos volverán a fallar.

Es necesario darles un acicate.

Exigencias:

Transparencia en la política.

Reduzcan el costo del sistema electoral.

Sí a los mecanismos de participación ciudadana directa, como las candidaturas independientes, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y las acciones colectivas, entre otras.

Algunos anulistas incluyeron la reelección legislativa, la reducción de legisladores en ambas cámaras, y la posibilidad de reelegir a presidentes municipales en periodos consecutivos.

Meses después, algunos de los anulistas se organizaron en la Asamblea Nacional Ciudadana, desde donde han promovido una serie de acciones, la más notoria y exitosa hasta el momento se denomina Ya Bájenle, y es la que busca que los partidos reformen la Constitución y el Cofipe para propiciar que se reduzcan las prerrogativas entregadas anualmente a los partidos.

Por casualidad o intencionadamente, por sensibilidad o por cálculo político, a partir de septiembre se multiplicaron las voces que pugnan, desde el Legilsativo y el Ejecutivo, por atender el reclamo de ciudadanos que demandan una democracia más efectiva, transparente, limpia, en la que la sociedad tenga canales claros de participación y que sea menos onerosa.

Lo dijeron prácticamente todos los partidos en la sesión de instalación de la LXI Legislatura, el pasado 1o. de septiembre, al fijar la postura partidista.

Lo ofreció el presidente Felipe Calderón en su discurso del 2 de sepiembre, con motivo de su tercer informe de gobierno.

Lo replicaron analistas, funcionarios de gobierno, legisladores, cúpulas empresariales, dirigentes partidistas y hasta la Iglesia.

En las últimas semanas, sin embargo, las cosas parecen moverse para pasar de las palabras a los hechos.

En una semana se presentaron dos iniciativas a las que vale la pena dar seguimiento.

Una la presentó el 24 de noviembre el senador perredista Tomás Torres, y consiste en modificar la fórmula mediante la cual se calcula el financiamiento que reciben cada año los partidos políticos. El proyecto de ley retoma, prácticamente en sus términos, la propuesta hecha por el movimiento Ya Bájenle. La iniciativa se suma a las que presentaron el dirigente del PAN, diputado César Nava, y el secretario general del mismo partido, senador José González Morfín, que también buscan reducir el financiamiento público, aunque con un mecanismo distinto al propuesto por los ciudadanos.

La otra la presenta hoy el senador panista Santiago Creel, y consiste en reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, para hacer sujetos directos de dicha ley a los partidos políticos.

Estas iniciativas llegan al pleno del Senado en un momento que al menos parece propicio para su realización, un ambiente en el que al menos se empieza a discutir esa agenda.

El presidente Calderón retomó la agenda política contenida en su decálogo del 2 de septiembre y, en su mensaje por los tres años de gobierno pronunciado en Palacio Nacional el pasado domingo 29 de noviembre, el Presidente anunció que enviará sendas iniciativas para perfeccionar la democracia.

De su discurso, se ha destacado la intención de buscar la reelección directa de legisladores y alcaldes, que es un tema impulsado desde un sector de la academia y de los medios de comunicación. Sin embargo, hay otros puntos a considerar que quizá son más importantes:

1. La revisión de la estructura y funcionamiento del Congreso e incluso, una reducción en alguno de sus componentes, dotar de facultades legislativas de iniciativa en temas judiciales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. Establecer el principio de iniciativa preferente, que permita la discusión prioritaria y ordenada de los temas más importantes de la Agenda Nacional.

3. Abrir a los ciudadanos nuevas vías de participación política: iniciativa ciudadana, referéndum y la posibilidad de participación en los procesos electorales sin la rigideces que tiene actualmente nuestro sistema.

4. Revisar y reformar la figura del veto para regular su ordenación y modificaciones que ya se discuten ahora a la Ley de Amparo.

5. Buscar que en los procesos electorales no quede ya ninguna sombra de duda respecto de la equidad, en la que deben desarrollarse, en el uso de recursos, en el acceso a los medios y en la capacidad de divulgación de las propuestas de partidos y de candidatos.

¿Qué significará todo eso? Lo sabremos cuando el Presidente presente estas iniciativas, lo cual deberá ocurrir antes del 15 de diciembre, a menos de que el Presidente no cumpla su palabra empeñada el pasado domingo: "antes de que termine este periodo de sesiones, presentaré una iniciativa de reforma política al Congreso, que busque crear una nueva relación en la corresponsabilidad entre los tres Poderes de la Unión, entre los distintos órdenes de Gobierno y entre las autoridades y la sociedad".

El discurso causó beneplácito en muchos actores políticos, críticas y dudas en otros. Pero aún entre los escépticos hay acuerdo en torno a un punto: es deseable, necesario y urgente perfeccionar el sistema político mexicano.

¿Qué le toca a la sociedad? Mantenerse alerta, no esperar a que los políticos vuelvan a convertir la "noble intención" de reformar al Estado en una nueva y simple reforma electoral que, como las de los últimos años, sólo sirven para cambiar las reglas de acceso al poder, no para transformar su ejercicio.

Los nuevos ministros

El Senado de la República despachó ya otro pendiente que traía: elegir a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sustituyen en sus cargos a Mariano Azuela y Genaro Góngora.

Luis María Aguilar Morales fue electo con 91 votos a favor como ministro sustituto de Martiano Azuela.

¿Quién es?

Es un funcionario de larga trayectoria en el Poder Judicial. "El candidato de casa", escribió Miguel Ángel Granados Chapa hace un par de semanas en Reforma.

Cursó la licenciatura en Derecho en la UNAM, de 1969 a 1973, se tituló el 25 de noviembre de 1974 con la tesis Los alcances de la Fracción XIV del Artículo 27 Constitucional para efectos del Amparo.

Mientras cursaba la carrera era taquígrafo judicial; después fue secretario de juzgado; secretario de estudio y cuenta en tribunales colegiados, en salas y en el pleno de la Corte.

En esa época conoció a Vicente Aguinaco Alemán, primer presidente de la SCJN en la nueva etapa del máximo tribunal del país iniciada con la reforma judicial de los años noventas. Con Aguinaco fue jefe de asesores y oficial mayor de la Corte (1995-1999).

De 60 años de edad, Aguilar Morales era consejero de la Judicatura Federal hasta hace una semana. Fue electo para ese cargo en el 2004, precisamente por el Senado de la República, aunque con otra Legislatura.

Al ser electo corrió la misma suerte de la ministra Margarita Luna Ramos y el ministro Sergio Valls, quienes también transitaron del Consejo de la Judicatura a la SCJN.

Su currículum aún está disponible en la página del Consejo de la Judicatura.

"El académico"

Para sustituir a Genaro Góngora, el Senado eligió al abogado Arturo Zaldívar, con 90 votos.

De 50 años de edad, Zaldívar es egresado de la licenciatura por la Escuela Libre de Derecho, alma máter del presidente Felipe Calderón, y cuenta con un doctorado por la UNAM.

Si Morales llega a la Corte como "cuota" del Poder Judicial, Zaldívar podría ser considerado como la "cuota" de la academia, pues surge de una terna de candidatos con ese perfil, completada con los juristas Eduardo Ferrer y Jorge Adame.

Director del despacho Zaldívar y Asociados, el nuevo ministro tiene además una larga carrera como litigante en temas como telecomunicaciones y competencia económica.

En el ámbito público, se le reconoce por haber trabajado en 1999, a lado de Genaro Góngora, en un proyecto de nueva Ley de Amparo lanzado por la Corte. De hecho, la reforma a la Ley de Amparo fue su tema de tesis doctoral.

También fueron conocidas sus intervenciones en al menos dos debates públicos recientes: la controversia constitucional que el Instituto Federal Electoral proyectaba interponer para hacer valer su derecho a manejar su presupuesto frente a la Cámara de Diputados, y los foros sobre reforma energética del 2008, en los que advirtió que la iniciativa del Ejecutivo era constitucionalmente perfectible.

Hasta hoy, Zaldívar mantiene en línea una página personal en la que se pueden leer sus ideas, posicionamientos sobre temas de actualidad, documentos de interés, su perfil y sus lecturas.

El equipo de Calderón, tres años después

¿Qué buscaba Felipe Calderón hace tres años, al tomar el poder?

Primero, poder gobernar: dar por terminado el conflicto postelectoral y eliminar cualquier duda sobre su arribo a la Presidencia, sacudiéndose la imagen de ilegitimidad puesta por su adversario, Andrés Manuel López Obrador.

Segundo, contrastarse de la imagen de debilidad y chabacanería que Vicente Fox dejó en Los Pinos.

Finalmente, poner en práctica un proyecto panista de gobierno, bajo una idea que sus colaboradores repetían, en privado y en público: si Fox sacó al PRI de Los Pinos, Calderón iba a meter al PAN.

Para cumplir los primeros dos objetivos hizo una apuesta costosa, que en su momento ninguno de sus colaboradores –y pocos comentaristas– se atrevieron a cuestionar: "recargarse" en el Ejército, suplir legitimidad electoral con ejercicio de autoridad, enarbolar el discurso de la legalidad y emprender una guerra contra el narcotráfico que implicara sacar las tropas a las calles para "recuperar los territorios que estaban en manos del crimen organizado".

Aunque en un principio nadie lo cuestionó, tres años y 16 mil ejecuciones después comienzan a escucharse voces que sugieren variar la estrategia. Por lo visto el domingo en Palacio Nacional, donde el Presidente celebró con sus colaboradores y algunos invitados sus tres años de gobierno, Calderón parece haber escuchado esas críticas y, según anunció en su discurso, en la segunda mitad del gobierno hará otras cosas, además de combatir el crimen. ¿Lo hará con los mismos colaboradores con los que ha operado hasta el momento?

El gabinete azul

Para cumplir el tercer objetivo (gobernar con las tesis de Manuel Gómez Morín), Calderón integró un gabinete azul, en el que 11 de las 19 posiciones principales estaban ocupadas por militantes del PAN. Además, llevó a su equipo de campaña a la Oficina de la Presidencia y privilegió a los panistas en el gabinete ampliado.

Por si fuera poco, colocó a personajes muy allegados a él en subsecretarías estratégicas, que servían como "cuña" de los secretarios, principalmente los no panistas: Jordy Herrera en la subsecretaría de Planeación de Energía y Ernesto Cordero en la subsecretaría de Egresos de Hacienda son los ejemplos más claros.

"Prefiero inexperiencia temporal que sabotaje permanente", justificaba el Presidente, evocando una frase del primer presidente checo después de la caída del bloque soviético: Vaclav Havel.

Pero, al revisar el equipo de Calderón a tres años de distancia, sobresale un dato: no es la cantera panista la que da estabilidad al gobierno, ni siquiera es la que le ha otorgado mayor lealtad. Siete de las 11 piezas que no se han movido, las que otorgan sostén y continuidad a su administración, son precisamente las no panistas:

Guillermo Galván en la Secretaría de la Defensa Nacional; Francisco Saynes, en Marina; Genaro García Luna, en Seguridad Pública; Patricia Espinoza, en Relaciones Exteriores; Agustín Carstens, en Hacienda; Georgina Kessel, en Energía, y Javier Lozano, en el Trabajo, que tramitó en el 2008 su afiliación como miembro adherente del PAN.

Otros cuatro secretarios panistas permanecen en su cargo, pero sólo dos lo hacen por méritos propios: Rafael Elvira, en Medio Ambiente y José Ángel Córdova, en Salud.

A ellos hay que sumar a dos secretarios que permanecen en sus cargos a pesar del Presidente, pues el Congreso rechazó su propuesta de eliminar sus secretarías: Rodolfo Elizondo, en Turismo y Abelardo Escobar, en Reforma Agraria.

En contraste, en las ocho secretarías donde ha habido cambios han desfilado militantes del blanquiazul:

Cuatro panistas resultaron prescindibles para el Presidente: Francisco Ramírez Acuña dejó Gobernación y Beatriz Zavala dejó Desarrollo Social en enero del 2008. A cambio, Calderón colocó a dos incondicionales: Juan Camilo Mouriño, en Segob, y Ernesto Cordero, en Sedesol. En el verano del 2008 Eduardo Sojo "renunció" a la Secretaría de Economía y fue sustituido por otro amigo de Calderón, Gerardo Ruiz Mateos. Y en septiembre del 2009 Alberto Cárdenas dejó Agricultura, para ser sustituido por el foxista Francisco Mayorga.

Dos panistas dejaron al Presidente en busca de otras posiciones: Germán Martínez se fue de la Secretaría de la Función Pública en septiembre del 2007, para dirigir el PAN, y fue sustituido por el también panista Salvador Vega Casillas. Josefina Vázquez Mota dejó Educación en abril del 2009 para irse como candidata del PAN a la Cámara de Diputados, fue sustituida por Alonso Lujambio, que unos meses después de su nombramiento se afilió al PAN.

A finales del 2008, el Presidente perdió a otro panista: su mejor amigo y principal colaborador, Juan Camilo Mouriño, que murió en un accidente aéreo. Fue sustituido por un panista poco ortodoxo: Fernando Gómez Mont.

La lista de las carteras en las que ha habido cambios se cierra con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde el ex priista Luis Téllez fue orillado a renunciar tras el escándalo generado por la revelación de sus conversaciones, y la Procuraduría General de la República, donde Eduardo Medina Mora renunció el pasado mes de septiembre. Ambos no panistas fueron sustituidos por personajes con militancia: Juan Molinar y Arturo Chávez.

Hoy, el "marcador" del gabinete presidencial indica que de las 19 carteras de primer nivel, 13 están ocupadas por miembros del PAN.

Transcurridos tres años, con ánimos renovados y un discurso que expresa la intención de cambiar la ruta, cabe preguntarse si el Presidente mantendrá el equipo con el que llega a la mitad del sexenio o completará los cambios iniciados el pasado mes de septiembre. ¿Se irá efectivamente Carstens?, ¿será encomienda de un nuevo equipo económico la reforma fiscal anunciada por Calderón?, ¿qué privilegiará el Presidente: militancia o eficacia, amistad o currículum, inexperiencia que ya deja de ser sólo temporal o su miedo al sabotaje?

Neopanistas

Vistos los resultados electorales que ha obtenido el PAN del 2006 a la fecha, no se le puede reprochar a César Nava que recurra a lo que sea para tratar de reanimar a su partido.

Pero no deja de ser curioso que el líder de ese partido recurra a figuras que ignoran por completo la historia, estatutos, plan de acción y principio de doctrina del PAN; documentos básicos que hasta hace poco significaban mucho para los panistas y sus líderes.

Más aun cuando fueron el retorno a la doctrina y la reivindicación de las tesis originales del partido fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín, las banderas que permitieron que hace cuatro años Felipe Calderón y su grupo "recuperaran al partido" de las manos foxistas y lograran hacerse de la candidatura presidencial.

A 70 años de la fundación, el "doctrinario" Nava contradice lo que él mismo dijo el 8 de agosto, cuando el Consejo Nacional del PAN lo eligió como presidente del partido blanquiazul, en un proceso en el que –por cierto– él era el único candidato:

"Les pido compañeros consejeros nacionales que no me instruyan ganar a costa de lo que sea. Se los pido porque no aceptaría esa encomienda, ni la pido ni la aceptaría, vamos a ganar elecciones sobre la base de los que somos, sobre la base de nuestra identidad", dijo en aquella tarde frente a los que lo acababan de elegir como dirigente interino.

Pero, más allá de revisar la incongruencia con sus propios dichos, vale la pena detenerse en revisar quién llega al PAN en esta nueva campaña de afiliación, y qué huecos llenan como "miembros destacados".

 

Los neopanistas:

Patylu, cantante de música infantil y ex integrante del grupo Jeans.

Mariana Ochoa, actriz y cantante, estrella de una reciente portada de la revista H Extremo, que hace apenas cuatro meses prestó su imagen al candidato del PRI a diputado local en el Distrito Federal, Eduardo Sánchez, que competía por un distrito de la delegación Benito Juárez, justo en donde Nava fue candidato a diputado federal.

Atlantis, un luchador que ni siquiera pudo completar su registro legal al partido, pues no quiso quitarse la máscara ni revelar su identidad. ¿El IFE avalaría esa afiliación?

Los que se fueron:

Las nuevas adquisiciones del joven Nava contrastan con figuras que se han ido del PAN en los últimos años.

Para no irse muy atrás y no tener que revisar las trayectorias de gente como Bernardo Bátiz, Jesús González Schmall, José Ángel Conchello, Luis Calderón Vega, Pablo Emilio Madero o Carlos Castillo Peraza, que renunciaron al PAN por diferencias con su dirigencia, repasemos sólo tres casos de panistas que se fueron en los útimos cuatro años.

Francisco José Paoli Bolio, doctor en Ciencias Sociales, catedrático e investigador de la UNAM, ex diputado federal. Siempre estuvo cerca de personajes panistas, pero se afilió hasta 1991. Renunció apenas en agosto pasado explicándole a César Nava que "el partido ha dejado de ser un instrumento al servicio de los ciudadanos".

Tatiana Clouthier, hija del ex candidato presidencial Manuel J. Clouthier, alias El Maquío; ex diputada federal, activista social, analista y férrea defensora de la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Se fue en marzo del 2005, luego de que el Consejo Nacional eligiera a Manuel Espino como dirigente nacional.

Ana Rosa Payán, dos veces alcaldesa de Mérida, militó 20 años en el panismo yucateco, en donde fue una férrea opositora al cacicazgo del priista Víctor Cervera Pacheco. Su activismo fue clave para que el PAN arrebatara ese bastión al PRI y al cerverismo en el 2001. En el 2007, el PAN de Calderón impuso como candidato a la gubernatura a un incondicional suyo: Xavier Abreu. Payán renunció a principios del año, luego de denunciar irregularidades en el proceso interno y el PAN perdió las elecciones frente a la priista Ivonne Ortega.

¿A dónde lleva César Nava al PAN?

Sólo él lo sabe.

El auditor ¿al polígrafo?

 

"El sábado 15 de diciembre (2001) por la mañana fui sometido a un interrogatorio exhaustivo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) por parte de un psicólogo especialista, el que duró aproximadamente dos horas treinta minutos. Posteriormente fui conectado al polígrafo y me fue aplicada, en tres distintas etapas, una batería de preguntas con el fin de evaluar la veracidad de mis respuestas, entre las cuales destacó la de no tener filiación a partido político alguno.

"Ese mismo día, alrededor de las 13:30 hrs., fui informado por la Comisión de Vigilancia que había sido seleccionado para formar parte de la terna de candidatos que sería incluida en su dictamen correspondiente para someterlo a la consideración y votación del pleno de la Cámara de Diputados.

"El dictamen elaborado por la Comisión de Vigilancia fue leído ante el pleno de la Cámara de Diputados, procediéndose a efectuar una votación nominal en urna transparente, con el fin de elegir al Auditor Superior de la Federación.

"Después de efectuar la votación y el conteo respectivo, se obtuvo el siguiente resultado: 323 votos a favor del C.P.C. Arturo González de Aragón, 10 votos a favor del segundo lugar y 8 votos para el tercer lugar, habiéndose registrado 46 abstenciones; esto significó que, con el apoyo del 83% de los diputados presentes, fui electo para el periodo 2002-2009 como Auditor Superior de la Federación, superando con amplitud la mayoría calificada establecida por las leyes aplicables".

Estos párrafos forman parte del testimonio que en enero del 2005 (cuatro años después de su elección como auditor superior de la Federación) hizo público Arturo González de Aragón. El documento se puede consultar aún en la página de la Auditoría.

Sobre el proceso de elección del actual auditor, otras fuentes han referido que el principal opositor a su designación era el entonces coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Felipe Calderón, quien se resistió hasta el final a avalar el acuerdo que ya tenían la entonces coordinadora del PRI, Beatriz Paredes (que hoy vuelve a tener un papel protagónico en la designación del auditor, como lideresa del tricolor y diputada en la LXI Legislatura), y el entonces coordinador del PRD, Martí Batres, hoy secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal.

Según apuntan diputados que vivieron ese proceso en aquel ya lejano diciembre del 2001, y según se recoge en las crónicas parlamentarias de aquel año, el hoy Presidente de la República fue quien propuso someter a González de Aragón al temible detector de mentiras, y fue él quien insistió hasta donde pudo para que la designada fuera la ingeniera Mónica Barrera, que fue finalista en el proceso, pero se quedó en el camino. Calderón, afirman ex diputados de aquella, la LVIII Legislatura, aceptó retirar el apoyo del PAN a esa candidata y respaldar a González de Aragón bajo la condición de que fuese interrogado por el CISEN. 

En el 2007 el PAN volvió a proponer a Mónica Barrera para un cargo de auditora, esta vez para ser contadora mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y en este 2009 es casi un hecho que vuelva a ser candidata a la Auditoría Superior de la Federación. No habrá que perderla de vista en el proceso recién convocado por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, del que por cierto ya González de Aragón se ha autodescartado, acusando a los diputados de no respetar su derecho a la reelección.

Pero, más allá de afectos, padrinazgos, cuotas, filias y fobias, es recomendable reflexionar sobre lo que pasó González de Aragón antes de ser electo auditor.

Su paso por el polígrafo, una prueba extenuante y casi humillante –según cuentan quienes se han sometido a ella– provoca al menos tres preguntas que bien valdría la pena responder a la luz del proceso que apenas inicia:

1. ¿Influiría ese recuerdo en la severidad con la que el auditor juzgó la cuenta pública del 2007, primer año de gobierno de Felipe Calderón?

2. A su vez: ¿el veto del líder panista César Nava, dado desde agosto de este año, a la reelección de González de Aragón tendrá relación con el evidente distanciamiento entre el auditor y el Presidente?

3. No valdría la pena que, sin ánimo de desgastarlos, humillarlos o averiguar sus filias políticas, los candidatos a la Auditoría Superior de la Federación pasaran por el polígrafo?

¿Tú qué opinas?

El pleito por la Auditoría

El nuevo pleito en la Cámara de Diputados tiene un fondo muy importante. El juego se llama "¿quién coloca al auditor?" y, como ha ocurrido con el resto de los nombramientos que ha procesado el Congreso desde el arranque de la LXI Legislatura, se trata en realidad de una disputa PRI-PAN en la que el PRD juega, si acaso, como fiel de la balanza.

La decisión es muy relevante por varios factores:

1. El nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación durará ocho años en el cargo y será el encargado de fiscalizar las cuentas públicas del presidente Felipe Calderón del 2009 al 2012 y las primeras tres del próximo Presidente de la República. (Además de revisar el uso de los recursos federales por parte de los gobiernos estatales). Hay que recordar que la ASF presenta sus resultados con dos años de retraso. Este año, por ejemplo, presentó apenas los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2007 (el primer año de gobierno de Calderón), en la que por cierto se detectaron más irregularidades que en todo el sexenio de Vicente Fox y se hicieron serios cuestionamientos al manejo de recursos de la Federación por parte de las haciendas de estados y municipios.

2. Quien sustituya a Arturo González de Aragón deberá fortalecer a la ASF: pugnar por reformas legales que le den mayor autonomía; hacerla más eficiente en la recuperación de dinero público desviado; usar mejor sus herramientas para consignar a funcionarios y prevenir la corrupción; hacer un lado el lucimiento personal en medios de comunicación y garantizar la sanción a quienes abusan de su cargo público en detrimento del erario, y sacudirse la sombra de nepotismo y conflicto de interés que persigue a González de Aragón desde el 2006, cuando se hicieron públicos los contratos de la Auditoría con los despachos de sus hijos.

3. Es una nueva oportunidad para que el Congreso tome una decisión de Estado, apartada de componendas políticas y juegos de cuotas de poder. En este caso, el nombramiento corresponde únicamente a los diputados, pero por la trascendencia de la decisión es de esperarse que nuevamente el gobierno federal, los gobernadores y las dirigencias nacionales de los partidos muevan sus piezas en la Cámara baja para influir en favor o en contra de uno u otro aspirante.

Como ocurrió con la CNDH, el IFAI y la PGR, lo más seguro es que los mexicanos vivamos una nueva decepción.

Por lo pronto, la Comisión de Vigilancia presidida por la perredista Esthela Damián, ya emitió la convocatoria para el proceso, sin atender la petición del actual auditor, que demandó a la Cámara le fuera reconocido su derecho a la reelección para otro periodo de ocho años. Al emitir una convocatoria de 11 bases en la que puede participar González de Aragón sin privilegio alguno,  como un candidato más, prácticamente se da por descartada su reelección. A eso hay que sumar el veto anunciado por el PRI y ratificado ayer por el diputado chiapaneco César Augusto Santiago.

Candidatos

Los aspirantes ya suenan y entre ellos figuran personajes con innegables méritos profesionales, pero también con cercanías evidentes al PRI y al PAN, lo que hace prever una nueva negociación al estilo San Lázaro.

Abierto el registro de candidatos ante la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, a partir de hoy desfilarán ante los legisladores los aspirantes.

Estos son algunos de los probables, de acuerdo con un reportaje publicado en Enfoque el pasado domingo 22 de noviembre:

Enrique del Val

Ex secretario general de la UNAM y subsecretario de la extinta Secodam durante la administración de Francisco Rojas, actual coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.

Roberto Michel Padilla

Titular de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación e integrante de la Liga de Economistas Revolucionarios, una agrupación nacional de economistas del PRI que surgió en 1952 y cuyo actual dirigente nacional es Jesús Alberto Cano Vélez, diputado federal del tricolor y hombre cercano a Manlio Fabio Beltrones.

Guillermo Haro Bélchez

Secretario general de la Cámara de Diputados y ex contralor del gobierno del estado de México durante la gubernatura del priista Emilio Chuayffet, hoy diputado federal.

Mónica Barrera

Secretaria ejecutiva de obras, recursos materiales y servicios del Consejo de la Judicatura Federal. Fue contralora interna de la Secodam, Secretaría de Energía, Pemex Refinación y SCT. En 2001 fue propuesta por el PAN para la Auditoría Superior de la Federación y en 2007 para la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF.

Alfonso Grey Méndez

Contralor de la Cámara de Diputados; fue coordinador administrativo del CEN del PRI cuando se registró el desvío de recursos de Pemex a la campaña presidencial de Francisco Labastida, por lo que se convirtió en uno de los funcionarios priistas investigados por el Pemexgate.

Raúl Sánchez Kobashi

Actual director general de la Cámara Nacional de la Industria Cervecera y tesorero de la Asociación Nacional de Ejecutivos de Organismos Empresariales y Profesionales. Fue titular del Servicio de Administración Tributaria en la administración de Vicente Fox.

Si quieres conocer sus rostros, haz click aquí.

Mañana recordaremos en este espacio cómo fue electo González de Aragón, para darles una idea de lo que se pone en juego con el relevo en la Auditoría.