Ardua tarea la de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), ante el cúmulo de pruebas y variables que circundan el escenario electoral 2012. De ellos, acaso, no sea exageración decirlo, dependerá, en alguna medida, la concordia en México.
Habrán de tomar en consideración, por supuesto, la normatividad jurídica establecida en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en los artículos 41 y 60; y los de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pero, también, habrán de razonar, como prueba de irregularidades, el que éstas se relacionen con otros medios de convicción más sólidos; así como variables externas, que en la revisión de los documentos les hagan discurrir la necesidad de pedir información a otras instancias electorales y gubernamentales, con la finalidad de proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos.
Labor, verdaderamente titánica y complicada, frente a una situación tan importante para la vida democrática y republicana de la nación, y por lo que se pudiese afirmar, como muchos pensamos: su papel no es nada fácil, sino ciclópeo, pues de él dependen el futuro institucional de corto y mediano plazos de México.
Una variable importante, sin duda, son las acusaciones, por presuntas irregularidades, presentadas en el seno del IFE antes del 1 de julio de 2012, como, por ejemplo, la de 25 de junio de 2012 del equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota, encabezados por Roberto Gil Zuarth, por la que denuncia que el PRI efectúa acciones de “delincuencia electoral organizada” mediante tarjetas de débito para que la gente opere a su favor el día de las elecciones, con depósitos que suman 701 millones 471,800 pesos; la del miércoles 20 de junio 2012, del senador de Carlos Navarrete, acusando al PRI de estar distribuyendo monederos electrónicos de la empresa Monex para comprar el voto de la ciudadanía en las elecciones del 1 de julio (El Economista, 21/07/2012); o las 8 de junio del PRI ante el IFE, para investigar el origen de los recursos del Movimiento Progresista.
Con ello, y en el entendido que el TRIFE resolverá las impugnaciones con elementos estrictamente jurídicos, mediante las pruebas que hayan aportado los denunciantes y denunciados, existen otros elementos que rondarán en el intelecto de los Magistrados, como el que la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo debe realizarse mediante elecciones libres y auténticas, y, si bien no jurídicos, pero sí importantes: las artesanías de los medios de difusión masivos de comunicación; las expresiones públicas de la sociedad; los posicionamientos de todos los partidos políticos antes y después del 1 de julio de 2012, las del Presidente de la República, y experiencias similares en otras partes del país y del orbe.
La decisión del TRIFE en este 2012 es cardinal para la vida del Estado mexicano, y por la que la sentencia-declaración, cualquiera que ésta sea, debe estar perfectamente estructurada, para que los mexicanos y la comunidad internacional, se convenzan de ella, la reconozcan y respeten, y la nación adquiera una condición de modernidad republicana.
De lo contrario, habrá muchos problemas de gobernabilidad democrática, y México continuará siendo un país atrasado, presa de los poderes fácticos.
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