Cuando una persona extranjera toma la decisión de radicar en México, ya sea por cuestiones económicas, de oportunidad laboral o académica o de temor, piensa en la migración como su única o mejor alternativa para dotar de dignidad y calidad a su vida y a la de su familia.
No obstante las circunstancias que atraviesan las personas que migran, en este caso a México, no solo pueden ser de violencia, discriminación y racismo, sino que además, encuentran el abuso de la autoridad, la burocracia y normas que lejos de proteger sus derechos humanos, se los vulneran con disposiciones que establecen fuertes candados a las y los migrantes que desean permanecer en México de manera regular.
Es común que quienes toman al estado mexicano como país de destino, echen raíces formando familias con personas mexicanas y encuentren trabajos en los que no reciban las prestaciones de ley, o que sus actividades se desarrollen en forma independiente. Para estas personas no existen muchas opciones de estancia ya que la actual Ley General de Población contempla una serie de barreras, en las que el “migrante ordinario” solo encuadra en la característica de “visitantes” u “otros”, documento que no hace derechos de residencia sino que es temporal, debiendo abandonar el país en 5 años. Su costo actual (anual) es de $2,100.00.
Por poner algunos ejemplos, podemos mencionar que cuando un extranjero se acerca al Instituto Nacional de Migración (INM) a solicitar su regularización migratoria, manifestando cuál es su situación civil y laboral, lo primero que hace es imponer una multa en virtud de haber cometido una infracción administrativa a la Ley, multa que puede ser hasta de $5,982.00 pesos (100 salarios mínimos), adicionalmente se les exige acreditar “solvencia” o “insolvencia” económica, esto es, la persona extranjera tiene que demostrar que cuenta con recursos económicos para vivir en México, y cómo se acredita tal, eso queda a discreción total de la autoridad.
Luego, tiene que pagar un documento migratorio que le otorga la calidad de inmigrante que sí genera derechos de residencia, pero que cuesta anualmente $2,800.00, más un pago de $669.00 por el registro nacional de extranjeros, al final del día, una persona migrante necesita para vivir de manera regular entre ocho y nueve mil 400 pesos.
Sin embargo, la situación promedio de las personas extranjeras que reciben atención en Sin Fronteras es poco holgada, esto es, se trata de mujeres que trabajan en el servicio doméstico, venta por catálogo de diversos productos, elaboración de comida, entre otros, actividades que, 1) su remuneración apenas alcanza el salario mínimo, 2) son difíciles de acreditar (no son empleos otorgados por patrones o empleadores formales), 3) en principio no cuentan con un alta ante el Servicio de Administración Tributaria.
En el caso de los hombres, es común encontrarnos con personas que trabajan en el ramo de la construcción, ventas informales, actividades de apoyo domestico que igualmente cuentan con las características antes descritas. Estas personas año con año tienen que renovar sus documentos migratorios, y cada vez se encuentran con una problemática nueva que les deja por lo menos 3 o 4 meses sin documentos (cuando la validez de un documento migratorio es anual) ya que Migración les impone una serie de requisitos para presentar y en ocasiones, se les niegan las renovaciones (aun cuando el año anterior ya quedaron acreditados los supuestos bajo los cuales les fue otorgada dicha documentación), llegan al absurdo de solicitarles presentar el original de la identificación de su empleador, original del acta constitutiva de la empresa y la última declaración de impuestos anual de la empresa, documentos que deben acompañar la carta de oferta o continuidad laboral (según sea el caso).
En conclusión, una persona extranjera que reside en México, no sólo debe de contar con recursos económicos suficientes para sufragar sus gastos básicos, sus documentos migratorios anuales, y por supuesto, el envío de remesas a su país de origen, tiene que acreditar tener un trabajo formal (y a la vez que su pareja mexicana lo mantiene), además de saber leer y escribir para formular la solicitud por escrito (fundada y motivada), y por supuesto, saber usar internet (los formatos que acompañan a las solicitudes sólo pueden ser llenadas en forma electrónica), razón por la cual la irregularidad en la estancia de las personas migrantes en México, no sólo abarca un número considerable en promedio, sino que se aumenta cada vez más, sobre todo ahora que la recién publicada Ley de Migración endurece los criterios para otorgar documentación migratoria.
Lorena Cano Padilla
Abogada de Sin Fronteras
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