Blanca Villaseñor Roca
Directora del Albergue del Desierto en Mexicali
Miembro del Patronato de Sin Fronteras
El estado mexicano se encuentra en una de sus peores crisis, no sólo en lo económico sino también en lo político y social, donde se está poniendo en juego la gobernabilidad democrática del país. Es un hecho que las instituciones públicas, los partidos políticos y las instituciones democráticas, encargados de impartir justicia han perdido credibilidad y están siendo seriamente cuestionadas por la ciudadanía.
La política económica que se ha implantado es uno de los factores que ha ocasionado, por una parte, las grandes desigualdades sociales existentes en nuestro país y el desmantelamiento de la planta productiva nacional y del agro mexicano, y por otra, el aumento de los índices de desempleo, el incremento de la economía informal y una política en detrimento de la seguridad social y de sus conquistas laborales. Actualmente, la desigualdad y los niveles de pobreza y pobreza extrema, más que inaceptables son inmorales y un gobierno que mantiene este modelo, lo que hace es aplicar una política inmoral.
En este sentido, se debe reconocer que el país está sumido en una violencia que se ha vuelto incontrolable, más cuando la Presidencia de la República le ha declarado la “guerra” al crimen organizado, principalmente al narcotráfico. La violencia se ejerce con más sadismo, dando como resultado una población indefensa.
Una de las poblaciones más afectadas a nivel mundial ha sido la de los y las migrantes, sobre todo la indocumentada. México es uno de los países con mayor movimiento migratorio a nivel mundial, es el de mayor expulsor de migrantes económicos de América Latina debido a su gran dependencia con Estados Unidos y uno de los países latinoamericanos con menor crecimiento. Pero también en esta misma situación están los países centroamericanos por lo que nuestro México es el paso obligado para la mayoría de los y las centroamericanas que intentan llegar a Estados Unidos.
Ciertamente estamos en una verdadera crisis económica, política, social y de valores, con una gran desigualdad y profunda corrupción e impunidad, pero sobre todo en una alarmante crisis de inseguridad; por ende, estamos ante una intensa crisis de derechos humanos donde la mayoría de las poblaciones no tiene las condiciones para ejercerlos y en muchos casos se les niega como parte de las políticas que ejercen los gobiernos.
El clamor de las diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales como internacionales, no ha cambiado, seguimos observando y denunciando el aumento de los abusos cometidos por los cuerpos policiacos y el Ejército mexicano durante los operativos de seguridad pública en la violación de los derechos de los migrantes. Las omisiones y la falta de responsabilidad del Gobierno mexicano en la protección de sus derechos y dejarlos a merced de los grupos delincuenciales que tantas vidas han cobrado es una realidad inocultable en nuestro país como en el resto del mundo.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos tienen la responsabilidad de dar a conocer la visión amplia, integral, profunda de estos derechos y conjuntamente con la sociedad buscar su cumplimiento, hablar de los derechos de la población migrante es hacer énfasis de que en su propio país no tuvieron el apoyo ni las oportunidades para poder tener una vida digna, un mejor futuro para los niños, las niñas y adolescentes, tanto para hombres y mujeres que buscan un bienestar para ellos y sus familias y que por eso decidieron buscarlo en otro país.
No aplicar políticas públicas para mejorar las condiciones de desarrollo, que es la causa principal por la cual las personas salen de sus países, y continuar con el discurso demagógico de promover la protección a los derechos de las y los migrantes, es la peor estrategia que un Estado puede seguir para tratar el fenómeno de la migración, dicha acción solo garantiza que la crisis humanitaria que atraviesan estas personas extienda su status quo.
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