Por Luis Méndez
Madrid.- Han pasado más de 70 años de la finalización de la Guerra Civil española (1936-39), pero las heridas abiertas por la contienda civil no han cicatrizado en el país ibérico, a pesar de los continuos llamados a la reconciliación lanzados por la clase política desde la transición democrática iniciada en 1977.
La causa abierta contra el juez Baltasar Garzón por el Tribunal Supremo por investigar los crímenes del periodo franquista sin tener competencias para ello, ha vuelto a avivar antiguos rescoldos provocando que miles de personas salgan a las calles de este país para reivindicar la dignidad y la localización de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la posterior dictadura y que se cifran en más de 130 mil, la gran mayoría de ellos republicanos que se opusieron al golpe militar encabezado por el general Francisco Franco en 1936.
Muchos de los represaliados por el franquismo continúan hoy en paradero desconocido, hacinados en fosas comunes o enterrados en las cunetas, por lo que sus familiares demandan la ubicación de los cadáveres y su posterior identificación.
Atendiendo a las demandas de las víctimas, Garzón impulsó la investigación de estos abusos en los que nadie ha indagado hasta ahora, ya que el Juez considera que los crímenes contra la humanidad nunca prescriben. Fue este mismo argumento el que llevó a Garzón en 1998 a ordenar la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet durante su estancia en Londres, lo que catapultó al Magistrado español a las primeras páginas internacionales.
Sin embargo, el sindicato ultraderechista Manos Limpias entiende que Garzón cometió un delito de prevaricación (emitir una resolución a sabiendas de que es injusta) al impulsar la investigación de los desaparecidos por el franquismo a pesar de la ley de amnistía de 1977, que exoneró a los responsables de esos crímenes. Por este supuesto delito, la acusación pide al Tribunal Supremo 20 años de inhabilitación para el Juez, que ya fue condenado y apartado 11 años de su cargo por haber grabado ilegalmente las conversaciones telefónicas de los cabecillas de una red de corrupción empresarial.
Mientras el juicio quedó visto para sentencia, organizaciones humanitarias y personalidades del arte y la cultura, han llevado a cabo varias manifestaciones para denunciar la cacería contra el único Juez que se ha atrevido, según ellos, a investigar unos crímenes que la mayoría de los políticos consideran que deben permanecer en el olvido para no enturbiar la convivencia entre los españoles.
"España al revés: corruptos y fascistas juzgan al juez" y "Garzón, amigo, el pueblo está contigo", han sido las consignas más coreadas por los defensores de la memoria histórica, mientras en todos los foros de este país, incluidos los siempre animados bares, unos y otros polemizan sobre la actuación del Juez.
La realidad es terca y la asignatura pendiente que tiene el país ibérico con su pasado más trágico, ha dividido ya a la sociedad española en dos bandos: los que consideran que Garzón es un héroe injustamente tratado y los que sostienen que el Juez se ha extralimitado en sus funciones tras convertirse en una estrella mediática. En otras palabras, la izquierda y la derecha, aunque hay excepciones en ambos casos.
Sea cual sea la sentencia del Supremo las manifestaciones de los últimos días están demostrando que las secuelas de la dictadura franquista no se han superado, en una España hipersensibilizada además por la grave crisis económica que padece desde 2008 y que parece mucho más predispuesta a hacer valer sus protestas.
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