Cuestión de prioridades. El diario El País consigna que ahora mismo se trabaja en un Anteproyecto de ley que contempla eliminar las prácticas más desleales y engañosas de los proveedores de servicio, e incluye sanciones fuertes en contra del 'spam telefónico', y un fomento decidido a la competencia.
Es de destacarse lo siguiente: '...el proyecto legislativo pretende proporcionar seguridad jurídica a las empresas que compiten legítimamente en el mercado frente a todas aquellas que realizan prácticas contrarias a la buena fe, carentes de diligencia profesional y que distorsionen de manera significativa el comportamiento económico del consumidor...'
Para que se vea que este tipo de acciones dan certidumbre y confianza a todos los agentes económicos, y que el Gobierno puede efectivamente colocar al usuario final en el centro de sus decisiones.
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Y ADEMÁS, para que no quede duda de que los proveedores abusivos abundan aquí y en otras partes, de España surge la noticia de que los Consumidores van a denunciar a Telefónica porque esta empresa pretende aplicar un cargo por identificación de llamadas que desde el 2001 era totalmente gratuito.
Uno no puede bajar la guardia, cuando de estos servicios se trata...
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