Legisladores sirven
al Consejo Coordinador Empresarial en su embestida contra el derecho ciudadano
a la justicia colectiva, acusan organizaciones de consumidores
El 22 de abril, la Comisión de la Asamblea LegislativaPuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó
por unanimidad el dictamen que modifica la iniciativa de reforma al 17
constitucional. Las modificaciones
impiden a los ciudadanos agruparse para emprender acciones colectivas en
defensa de sus derechos, en abierta
violación del 28 constitucional. Asimismo, esta iniciativa prohíbe que cualquier congreso estatal o
del Distrito Federal legislen sobre las acciones colectivas.
La iniciativa responde a la exigencia del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), apoyada por los legisladores federales del Partido
Acción Nacional, de no reconocer el
derecho de los ciudadanos mexicanos a defenderse a través de acciones de
grupo o colectivas, aun cuando se trate de un conjunto de afectados por la
misma empresa o institución.
Durante 2008, el CCE se opuso a que el Senado de la República aprobara una
iniciativa que reconocía el derecho de los ciudadanos y las organizaciones de
la sociedad civil a obtener acceso a la
justicia a través de acciones colectivas.
Dicha iniciativa fue el resultado de un largo proceso en el que intervinieron -y apoyaron la propuesta- los coordinadores en el Senado del PRI, PAN
y PRD; diversos académicos, el
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e innumerables expertos mexicanos e internacionales en la materia.
“Las acciones colectivas han demostrado en el mundo
que son un mecanismo fundamental para hacer
realidad el Estado de Derecho. En América Latina, las únicas naciones que
no reconocen las acciones colectivas son Honduras, Paraguay, Belice y México. El
CCE, con el apoyo de legisladores, especialmente del PAN y algunas instancias
del gobierno federal, quiere mantener esta situación que le permite continuar
sus prácticas violatorias de derechos
colectivos, sus abusos e impunidad. En suma: Mantener a
toda costa el estado de excepción
con el que han actuado en muchos áreas. Queremos
que se emprendan acciones únicamente contrta empresas inescrupulosas: las
mismas que acatan las reglas, y han modificado radicalmente su comportamiento y
cultura de servicio al cliente en aquellos países en donde se utiliza esta
figura jurídica”, declaró Daniel Gershenson, presidente de Alconsumidor, AC.
“Si un proveedor cobra cargos indebidos a millones de
usuarios, o si contamina el entorno de comunidades enteras (para citar dos
ejemplos frecuentes en Mèxico), difícilmente vamos a tener los ciudadanos
capacidad como para demandar en forma individual al responsable debido a los
costos que implicaría la contratación de un abogado y todo el proceso. Esta es
la situación que prevalece en el país. En contraste, las acciones colectivas permiten que un afectado o una asociación
demanden en representación del grupo o colectividad, y que una sola sentencia
tenga efectos sobre todos los miembros del grupo o para toda la colectividad. El Poder
Judicial se desahogaría enormemente con
este mecanismo colectivo, como ha bien destacado el Presidente de la SCJ. La
remuneración de los abogados estaría regulada para evitar abusos de ellos a
sus clientes, y si la demanda resulta infundada, tendría la actora que pagar las costas de la demandada”. explicó
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, AC.
En este contexto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal promovió una iniciativa para reconocer en esta
entidad el derecho de los ciudadanos y las organizaciones a las acciones
colectivas. De ahí que la iniciativa que se presentará ante el pleno de la Cámara de Diputados tiene por principal objeto bloquear la de la ALDF, ya que (como se
menciona arriba), impide cualquier posibilidad de que un congreso estatal legisle sobre acciones
colectivas.
“México
incumple así los postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos,
entre otros tratados internacionales, y las Recomendaciones de la OCDE sobre
este tema: nuestros legisladores, una parte del gobierno federal (excepto
Profeco y Cofeco) y algunas empresas mexicanas habituadas a no competir –y que
prosperan gracias a las prebendas y protección oficiales- insisten en mantener a 107 millones de
mexicanos en un rezago legal que afecta
su economía, su salud, su medio ambiente, y su estado de derecho”, señaló
Adriana Labardini, directora de Alconsumidor, AC. y puntualizó diciendo:
“Quienes insisten que la propuesta obedece a intereses
ocultos y abogados chantajistas, revelan desconocimiento, o quizá
preocupaciones dignas de mejor causa. La
nuestra de las pocas iniciativas de la sociedad civil construida pluralmente, y
sustentada con un nivel profesional y ético impecable. El león cree que
todos son de su condición. Aprobar una reforma en los términos actualmente
planteados por los diputados equivale a consagrar
la impunidad a nivel constitucional”.
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México, DF, a 24 de abril de
2009
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