Corre el año 2007. Organizaciones civiles proponen a la Academia se discuta el tema de las Acciones Colectivas, y que se organice un evento que genere propuestas que puedan traducirse en política pública. Que se aporten armas para que el David representado por millones de usuarios indefensos pueda contar con instrumentos suficientes como para enfrentar al Goliath empresarial en igualdad de condiciones, y con apoyo oficial.
El Departamento de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México accede. En noviembre de ese mismo año se celebra un Seminario al que asisten expertos mexicanos, europeos y sudamericanos; los titulares de Profeco, Cofeco y el entonces subsecretario de Comunicaciones; figuras públicas de la talla de Denise Dresser, Sergio Aguayo y Jesús Silva-Herzog Márquez; los rectores de las principales facultades privadas y públicas de Derecho; y numerosos legisladores de los principales partidos representados en el Senado y la Cámara de Diputados, quienes muestran un gran interés por promover y aprobar una figura jurídica que supere nuestros actuales rezagos en materias tales como el Medio Ambiente, la Salud, el Consumo, los Derechos Humanos, etc.: LAS ACCIONES POPULARES Y COLECTIVAS.
El evento resulta ser un éxito rotundo. Todas las fracciones políticas acceden a hacer suyo el tema. Se afina una estrategia para que este tipo de acciones (de uso cotidiano en todos los países desarrollados, menos en México, donde la Procuraduría del Consumidor ha contado con facultad de iniciarlas desde 1992, pero que apenas se han emprendido dos o tres veces, por su actual titular), pueda también ser emprendido -de buena fe y sin limitación alguna- por ciudadanos comunes y AC's. Para tal efecto se trabajan proyectos de reformas constitucionales y procesales.
Para el 2008 ya se tiene muy avanzado el proyecto, que encabeza el Senador Jesús Murillo (PRI) y el Diputado Juan Guerra (PRD). A fines de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación arma un evento en su sede alterna, con la presencia de muchos de los que participaron en el Seminario del ITAM, además de que se invitan a otros jueces y magistrados de países como Argentina, Colombia y los Estados Unidos.
El evento es inaugurado por el Ministro Presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia y los Ministros Juan SIlva Meza y José Ramón Cossío Díaz, así como por los Senadores Manlio Fabio Beltrones (en ese entonces Presidente del Senado y Coordinador de la fracción del PRI), Carlos Navarrete (Coordinador del PRD) y José González Morfín (VIce-coordinador del PAN), quienes en su totalidad y con entusiasmo inusual se pronuncian a favor de las Acciones Colectivas en México. Es todo un éxito. Aumenta la cobertura en medios nacionales y extranjeros, y se estudia la mejor manera de que sea aprobado un proyecto que sirva un propósito social, sin excesos ni problemas.
Un cierto sector del empresariado y el gobierno, que está acostumbrado a actuar como le viene en gana (a pesar de que muchas de sus filiales prosperan en países donde existe el recurso de la Acción Colectiva, como instrumento de uso para casos de último recurso y de extrema necesidad). Algunos (y SÓLO ALGUNOS) miembros de esta casta semidivina -integrantes de organismos cupulares como el Consejo Coordinador Empresarial, funcionarios del gobierno que no entienden su papel, léase: CONDUSEF- empiezan a poner reparos. Se foma una Mesa de Trabajo para encontrar la mejor manera de atender estas preocupaciones y aprobar las reformas correspondientes. La cúpula recurre a todos los recursos posibles para entorpecer el proceso. Se encorchetan todos los apartados que harían de la Acción Colectiva un instrumento eficiente. Se desnaturaliza la figura. La negociación se pierde en vericuetos sin salida. Los representantes empresiales y de algunas secretarías del gobierno federal parecen estar recitando el mismo sonsonete, que repiten hasta la saciedad desde el principio:
'LA 'UNICA SOLUCIÓN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACTUALES MECANISMOS ADMINISTRATIVOS'.
Se celebran interminables juntas, reuniones, coloquios, debates, encuentros y diálogos. Se agotan todas las instancias. Se generan incontables noticias en la prensa escrita, la radio y la televisión. La cúpula insiste en que actúa de buena fe al tiempo que dinamita el proyecto surgido de la sociedad civil y la academia.
Finalmente, y después de intentar que pase una reforma constitucional que paralizaría en los hechos a las Acciones Colectivas (pues existe un proyecto paralelo que está siendo trabajado en la Asamblea Legislativa del DF, por la mayoría de las fracciones parlamentarias representadas ahí), pues contempla la federalización de la figura y su restricción a tres ámbitos con representación exclusiva del gobierno: Medio Ambiente (¡PROFEPA!), Servicios Financieros (¡¡¡¡CONDUSEF!!!!), y Consumo (PROFECO), se congela la iniciativa en el Senado.
Mientras tanto, el proyecto en la Asamblea avanza, no sin dificultades pero con una altas posibilidades de ser aprobado...
...pero en la Cámara de Diputados -y en lo oscurito, ante el peligro inminente de que pase una buena versión local en el DF- se aprueba el dictamen en comisiones, y se anuncia que la semana entrante se votará en el pleno la versión más inútil, retrógrada y discriminatoria: verdadero engendro legislativo hecho para que fracase toda tentativa ciudadana, y sólo para que sus promotores empresariales puedan decir que efectivamente se atendieron nuestras múltiples inquietudes. Así saldrán en la foto.
Pero este escenario no cuenta con que en México ya no estamos como para creernos estos cuentos. Tarde o temprano, decenas de millones de nosotros vamos a obtener el ansiado acceso a la justicia que tanta falta le ha hecho a este país de desigualdades y leyes de utilería. Esta historia no ha acabado.
Repetimos: las cúpulas le han apostado a la simulación, al amiguismo y al desgaste. No cedieron un ápice en sus aspiraciones de reventar este proyecto, y su mantra: 'el fortalecimiento de mecanismos administrativos actuales', los exhibe como principales responsables de que los ciudadanos mantengan un estado de indefensión que envidiaría cualquier dictador de república bananera.
Juchitán.