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Nos escriben: mensajes SMS

Sabías que cuando respondes un mensaje de texto y la otra persona tiene otra compañía de móvil estás pagando un sms más de cuatro veces más caro?Pasa que cuando uno aprieta "RESP" desde el sms que te mandaron, estás usando el servidor (o sea la empresa) de tu remitente.Entonces en vez de pagar 80 centavos pagas entre 2 y 4 pesos La forma de que no te pase más esto es saber si tus contactos usan Movistar, Iusacel, Nextel; si se corresponde con tu servidor no importa, pero si por ejemplo eres telcel y el otro Movistar pagas 3 pesos y no 80 cent.Lo que tienes que hacer es mandarle un MENSAJE NUEVO y NO RESPONDER DESDE EL QUE TE MANDARON.Así siempre te sale en 80 cent.Es importante que esto se sepa, porque es una estafa a nivel mundial y pocas personas lo conocen.MUY BUENO !!!!!!! HAZLO CIRCULAR

Votar de otra manera

Autor: Denise Maerker / Fuente: El Universal

No puedo no ir a votar. Y tampoco me siento conforme con la idea de anular el voto, no me convence. Me dispongo mejor a votar de otra manera. Las elecciones en las que he participado han sido prácticamente todas de definición de régimen. En el 88 estaba en juego la posibilidad de ganarle o de menos darle un buen susto a la imbatible y tramposa maquinaria priísta. En 94, 97 y 2000 fue lo mismo, había que romper el monopolio del PRI. Las motivaciones eran de gran calado: alternancia, transición, pluralidad; las expectativas también. La elección de 2006 no fue la excepción, había que elegir entre dos formas muy distintas de gobernar, entre dos visiones de México y de su futuro. En la mayoría de las viejas democracias sólo una vez cada 20 o 30 años hay elecciones de ese tipo, el resto del tiempo son asuntos mucho menos trascendentes los que están en juego. Creo que nosotros también debemos aprender a votar en situaciones menos definitorias, ser sencillamente más pragmáticos. Por eso, he decidido votar por el candidato a diputado federal que se comprometa públicamente a votar a favor de ciertas medidas que según la opinión compartida de muchos especialistas son esenciales para mejorar nuestra democracia.

Esta es la lista:

• Votar a favor de la reelección inmediata de legisladores. (Con el objetivo de premiar o castigar a un diputado según su desempeño)

• Votar por una reforma que impida que los diputados se aumenten sueldos o se exenten de pagar impuestos. (Podrán aumentar los sueldos de los próximos diputados y pagarán como el resto de los mexicanos)

• Votar a favor de las candidaturas independientes.

• Votar por reducir significativamente el dinero público destinado a las campañas y al financiamiento ordinario de los partidos.

• Votar por que se puedan presentar acciones colectivas ante los tribunales. (Que la sociedad se pueda organizar y pueda denunciar en grupo y no como ahora, sólo de forma individual)

• Votar una ley que le dé autonomía a la Auditoría Superior de la Federación. (Es indispensable que el órgano que controla los gastos deje de depender de los mismos legisladores)

Esta lista no es exhaustiva y sólo pretende que ellos y nosotros estemos en una relativa igualdad de circunstancias.

El límite a mi pragmatismo es que jamás voy a votar por alguien que esté a favor de la pena de muerte ni dispuesto a limitar los derechos de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva. A reserva de estos dos temas, me dispongo a votar por primera vez de forma minimalista.

México: el consumidor sin poder

Fuente: MUND Group

MEXICO TIENE EL PODER DE CASTIGAR / PREMIAR EMPRESAS SOCIALMENTE IRRESPONSABLES/RESPONSABLES PERO NO LO HA EJERCIDO. ESTAMOS MUY POR DEBAJO DE CANADA Y FRANCIA EN CULTURA DE CONSUMO RESPONSABLE Y ETICO.

Cada año el grupo MUND participa en el Monitoreo de la Responsabilidad Social Corporativa, coordinado por nuestros colegas de GlobeScan en Canadá y el Reino Unido. Nuestro trabajo es aplicar el Monitoreo a una muestra de Mexicanos como parte de la Opinión Pública Global sobre el Rol Cambiante de las Compañías en el mundo de hoy.

Si desea conocer los resultados haga click en el siguiente link para descargar el archivo.

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Queda sin castigar el daño al consumidor

Autor: Alma Hernández y Mayela Córdoba / Fuente: El DIario

Distrito Federal— La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha impuesto multas por millones de pesos a empresas que cometieron irregularidades... pero ignora si se han cobrado.

Según información pública del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), entre 2002 y 2007 se acumularon sanciones por 2 mil millones de pesos, de los cuales la Federación sólo ha cobrado menos del 1 por ciento.

Tan sólo en el último año, la Profeco ha impuesto multas a 4 mil empresas de rubros tales como gasolineras, distribuidoras automotrices, desarrolladoras de vivienda, distribuidoras de gas, entre otros servicios, pero no sabe si han pagado.

La dependencia federal argumenta que dichas sanciones deben ser cobradas por las secretarías de Finanzas de cada estado y del Distrito Federal, vía el Sistema de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Procurador Federal del Consumidor, Antonio Morales de la Peña, aseguró en entrevista que la dependencia no tiene la facultad de cobrar las multas que impone y que de hecho no se puede saber con certeza cómo se utilizan los montos de dichas penalidades.

“Nosotros no cobramos las multas que imponemos, las cobran directamente los estados, por lo que saber exactamente cuánto se ha recuperado es difícil.

“La Secretaría de Hacienda tiene celebrados convenios de colaboración administrativa en materia fiscal, razón por la cual las multas impuestas son enviadas para cobro a sus respectivas secretarías de Finanzas.

“Incluso, algunos de los gobiernos de los estados tienen convenios con los ayuntamientos para que las multas que impone Profeco sean cobradas por ellos”, señaló el funcionario.

En la documentación obtenida, Profeco informa que en el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor fracción XIX se faculta a la institución para poner multas, pero ni en éste ni en ningún otro artículo se le otorgan facultades para realizar su cobro.

Argumenta que las multas están clasificadas fiscalmente como “aprovechamientos”, por lo cual el SAT es el encargado de cobrarlas a través de las tesorerías municipales y las secretarías de finanzas.

Según el procedimiento administrativo, luego de que consumidores y empresas demandadas no llegan a un acuerdo, se determina cuál será la sanción.

En el caso de que se determine aplicar una multa a la compañía, esta es impuesta dentro de un plazo de 45 días desde que se determinó la sanción, y Profeco avisa a las secretarías de finanzas y las tesorerías municipales del estado que corresponda para que realice el cobro.

El 90 por ciento de las multas cobradas ingresan a los estados como incentivo fiscal, siempre y cuando este efectúe la recaudación. El resto se destina a la Federación, en particular a la Profeco.

Limitan juicios colectivos

Autor: Mauricio Torres / Fuente: El Universal

Domingo 24 de mayo de 2009. Asociaciones civiles promotoras de las acciones colectivas —figura jurídica conocida en países anglosajones como class action— alertan que la iniciativa en la materia aprobada en la Cámara de Diputados el 23 de abril se aleja de la propuesta original, al grado de ser un retroceso en el derecho ciudadano de acceso a la justicia.

Daniel Gershenson, presidente de Alconsumidor, una de las impulsoras del primer documento, narra que éste fue presentado al Congreso a inicios de 2008.

Planteaba una reforma al artículo 17 constitucional, con el fin de instaurar este mecanismo, mediante el cual organizaciones o grupos de personas podrían unirse para demandar a instituciones públicas o privadas que cometieran fraudes o abusos contra una colectividad, como cobros indebidos en telefonía, televisión por cable, tarjetas de crédito o energía eléctrica, viajes en avión no reembolsables, promociones engañosas o mercancías con defectos.

El objetivo era que los ciudadanos afectados por el consumo de algún producto o servicio pudieran exigir en conjunto la reparación del daño y así evitar que sigan ocurriendo arbitrariedades.

Sin embargo, el dictamen aprobado por unanimidad señala que los derechos colectivos “solamente podrán establecerse en materia de protección al consumidor, usuarios de servicios financieros y protección al ambiente”, y “podrán ser ejercidos por los órganos del Estado competentes, por sí o a petición de los interesados”. También estipula: “Los jueces federales conocerán de manera exclusiva sobre estos juicios”.

Así, sólo tres dependencias estarían facultadas para promover acciones colectivas: la Procuraduría Federal del Consumidor , la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Para Gershenson, tal limitación es preocupante, pues las personas que recurrieran a este mecanismo se verían obligadas a actuar a través de instituciones que no se han caracterizado por sancionar abusos, y sólo podrían hacerlo en ciertos temas, mas no en otros como salud, educación o patrimonio cultural. La federalización del proceso, además, “no solamente es una reivindicación del statu quo sino que es un retroceso muy grave, porque cualquier esfuerzo estatal o municipal queda anulado”.

El camino de la iniciativa

En noviembre de 2007, explica Gershenson, luego de un seminario en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el senador priísta Jesús Murillo Karam y el diputado perredista Juan N. Guerra mostraron interés en promover las acciones colectivas. Desde entonces se buscó revisar la experiencia de países como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile o Costa Rica.

A principios de 2008 la iniciativa llegó al Congreso. Documentos similares fueron presentados en sus respectivas cámaras por ambos legisladores, con el fin de alcanzar una reforma constitucional y luego leyes secundarias.

Gershenson enfatiza que con esto también se favorecería a los empresarios escrupulosos: “Los únicos que pueden oponerse son los que han hecho del abuso su estrategia de negocios”. Pero el texto, como se esperaba, encontró resistencia.

La cúpula del Consejo Coordinador Empresarial y una parte del gobierno federal, asegura, rechazaron las acciones colectivas con el argumento de que darían pie a demandas exageradas que golpearían la economía.

Juan N. Guerra confirma que empresarios de la banca y la telefonía y legisladores del PAN expresaron su preocupación por que este instrumento se convirtiera en un negocio para los abogados, por lo que se decidió que el Estado mantuviera la tutela sobre los derechos colectivos.

A finales de 2008, la iniciativa original quedó atorada en el Senado, mientras un dictamen alterno avanzó en la Cámara Baja hasta su aprobación en abril.

Diputados del PRD refutan que lo avalado sea un retroceso. “Las asociaciones tienen razón en cuanto a que no se aprobó lo que querían, pero en la Constitución no había nada, la figura no existía y ahora sí, cada paso es un avance”, afirma Raymundo Cárdenas. El propio Guerra señala: “Retroceso es que no tengamos derechos colectivos”, sostiene que el dictamen aprobado “es mejor que nada”, e invita a organizaciones a precisar qué aspectos creen son ignorados e impulsarlos en el Poder Legislativo.

Ahora que el documento ha pasado al Senado, más de 50 grupos civiles firman un manifiesto en el que exigen frenar “una iniciativa fast track que atenta contra los derechos colectivos de los mexicanos”. Suscriben también Sergio Aguayo, Denise Dresser, Lorenzo Meyer, Carlos Monsiváis, Patricia Mercado, Raúl Trejo Delarbre y Roberto Rock.

Francisco Valdés, experto del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, advierte que el documento aprobado por los diputados exhibe un acuerdo entre los tres principales partidos para que el acceso a la justicia permanezca en órganos del Estado, lo cual deja a nuestra legislación retrasada respecto de otros países.

La mayor consecuencia de impedir el avance de acciones colectivas, concluye, sería “detener el proceso de construcción de una democracia constitucional en la que todos podamos defender nuestros derechos. Esto perpetuaría la ciudadanía de segunda clase” a la que nos han condenado los partidos y sus líderes.

Registro Público de Consumidores

Fuente: Profeco

Para proteger nuestro derecho a la privacidad y facilitar a los proveedores el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, Profeco administra el Registro Público de Consumidores (RPC), un servicio gratuito para ti y muy fácil de usar, en el que podrás inscribir los números telefónicos fijos, celulares y de fax en los que no deseas recibir publicidad o que sean utilizados con fines mercadotécnicos o publicitarios.

Con esta información Profeco genera una lista, la cual está disponible para los proveedores y empresas de telemercadeo que han realizado su solicitud de consulta y pagado la tarifa correspondiente, con la finalidad de depurar sus listas y no realizar llamadas a los números inscritos en el RPC.

Todos los proveedores o empresas que envían publicidad (por sí mismas o a través de terceros), o que utilizan información sobre consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios, están obligados a no llamar a los números inscritos en el RPC, y en caso de hacerlo pueden ser sancionados con multas de hasta $1,064,044,  dependiendo de la gravedad de la violación a la ley.

¿Cómo funciona?

1. Marca al 9628-0000 desde México, Guadalajara o Monterrey, o al 01 800 962 8000 sin costo desde el resto de la República, para inscribir tu número. El sistema lo detectará automáticamente.
2. Elige el sector del cual no quieres recibir publicidad: telecomunicaciones, turístico o comercial. También puedes elegirlos todos.
3. En ese momento comienza a correr un periodo de 30 días para que sea obligatorio que te dejen de llamar.
4. En el mismo teléfono puedes cancelar o modificar la inscripción de tu número en cualquier momento.
5. Después de tres años deberás renovar la inscripción de tu número telefónico.

¿Y si me llaman?

El RPC busca evitar las llamadas publicitarias no deseadas, pero si pasados los 30 días de tu inscripción sigues recibiéndolas, puedes denunciar a los proveedores que te llamen al 5568-8722 y al 01 800 468 8722, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Sólo danos los siguientes datos:

1. Tu nombre y un número telefónico donde podamos localizarte.
2. El número telefónico inscrito en el RPC al que llamaron publicitando un producto o servicio, así como la fecha y hora de la llamada.
3. Nombre del proveedor.
4. Nombre y marca del producto o servicio ofertado, junto con una descripción del mensaje del proveedor.
5. En caso de que puedas obtenerlo, el número telefónico del que te llamaron o el domicilio del proveedor.

Preguntas frecuentes

¿Por qué debo esperar 30 días para que sea obligatorio que no me llamen?
Tu número queda registrado al día siguiente de la inscripción, pero se concede a los proveedores este tiempo para que puedan actualizar su base de datos.

Quise registrar mi número, pero el sistema no lo detecta automáticamente, ¿qué hago?
Llama al 5668 8722 desde el Distrito Federal y área metropolitana, o al 01 800 468 8722, sin costo desde el resto del país. Por tu seguridad, deberás enviar copia de tu recibo telefónico.

La línea telefónica de mi departamento está a nombre de la casera, ¿puedo inscribirla al RPC de todas formas?
Sí, ya que tú eres el usuario de la línea telefónica y el afectado directo por las llamadas publicitarias.

¿Por qué debo renovar mi inscripción cada tres años?
Para evitar que la lista del RPC se vuelva obsoleta, pues la línea telefónica puede cambiar de usuario.

¿Cómo sé si mi número está inscrito en el RPC?
Entra al sitio http://rpc.profeco.gob.mx, o llama al 5568-8722 y 01 800 468 8722.

El RPC no aplica para:

• Proveedores o empresas que ofrecen servicios financieros (tarjetas de crédito, seguros, Afores, etc.). Si no quieres recibir publicidad de este tipo, inscríbete en el Registro Público de Usuarios de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, Condusef. Llama al 5340-0999 y 01 800 999 8080.
• Proveedores o empresas a los que les diste tu consentimiento expreso para que te envíen publicidad o utilicen tus datos con fines mercadotécnicos, a menos que hayas revocado expresamente dicho consentimiento.
• Las organizaciones políticas, entidades de beneficencia, personas que llamen con funciones de cobranza y los encuestadores telefónicos, siempre que no publiciten bienes, productos o servicios.

Video RPC (Registro Público de Consumidores)

Obama promulga normas para tarjetas de crédito

Fuente: El Universal

Sábado 23 de mayo de 2009. El presidente Barack Obama promulgará hoy  una nueva ley que regula la industria de las tarjetas de crédito, y entre cuyas normas figuran proteger a los consumidores de honorarios sorpresivos.

Obama firmaba el viernes una ley destinada a establecer regulaciones más estrictas a las tarjetas de crédito, que culpa en parte por la crisis económica. A pesar de la oposición de empresas financieras, el proyecto de ley fue aprobado con amplio respaldo en el Congreso.

''Se trata de reformas importantes para proteger a los consumidores y traer sentido común a nuestro sistema financiero'', dijo Robert Gibbs, vocero de la Casa Blanca.

Las nuevas normas, que entrarán en efecto dentro de nueve meses, prohibirán a las compañías dar tarjetas de crédito a menores de 21 años a menos puedan demostrar que están en condiciones de saldar sus deudas, o que tengan un progenitor o guardián que comparta la responsabilidad.

De acuerdo con la ley, un cliente tiene que tener un atraso de un pago mayor a los 60 días antes que le aumenten los intereses en el balance existente. Inclusive entonces, el prestamista deberá restablecer la previa tasa si el dueño de la tarjeta de crédito paga el saldo mínimo a tiempo durante los siguientes seis meses.

Los consumidores también tendrán que recibir una noticia con 45 días de anticipación y una explicación, antes de subir las tasas de interés.

El año pasado, el Nilson Report, estimó que había más de 700 millones de tarjetas de crédito en circulación en Estados Unidos. Eso significa más de dos tarjetas por cada hombre, mujer y niño.

Y muchos dueños de tarjetas de crédito tienen enormes deudas. Según la Reserva Federal, la deuda del país es de 2 mil 500 billones de dólares. Y eso no incluye las hipotecas de viviendas.

CITIBANK ESPAÑA NOTIFICARÁ A SUS CLIENTES QUE VA A SER DEMANDADO POR AUSBANC CONSUMO

La entidad tiene hasta el 2 de junio para comunicar a los miles de clientes que contrataron el Bono Semestre x 5 que pueden adherirse a la demanda colectiva que interpondrá Ausbanc Consumo.

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Alcobendas ha acordado la práctica de diligencias preliminares para asegurar que todos los afectados por el Bono Semestre x 5 –comercializado por Citibank España y emitidos por Lehman Brothers– tengan conocimiento de que Ausbanc Consumo va a interponer una demanda colectiva.

El Bono Semestre x 5 es un producto financiero de alto riesgo comercializado por Citibank España a clientes que se definían como “sensibles al riesgo” y que no deseaban comprometer en ningún caso el capital invertido para obtener altos rendimientos.

Desde que Ausbanc Consumo tuvo conocimiento de la negativa de esta entidad financiera a atender las demandas de sus clientes remitiéndoles, sin más, a los concursos de acreedores abiertos en Estados Unidos y Holanda, los Servicios Jurídicos de la
asociación han aunado todos sus esfuerzos para que los afectados por la mala comercialización llevada a cabo por la entidad, puedan hacer valer sus derechos ante los Tribunales.

Citibank cuenta con un plazo de mes y medio aproximadamente para llevar a cabo dichas comunicaciones: el día 2 de junio la entidad deberá acreditar ante los Tribunales de Justicia que ha cumplido el preceptivo requerimiento.

A diferencia de otras asociaciones, Ausbanc Consumo ha velado en todo momento por el derecho a la protección de datos de que son titulares los futuros destinatarios de las comunicaciones y por ello, y acatando en todo momento la Ley Orgánica de Protección de Datos, ha solicitado que sea la propia entidad financierala que lleve a cabo estas notificaciones, salvaguardando de esta manera, los datos personales de los afectados. De esta manera, Ausbanc Consumo demuestra que una defensa firme y exigente de los derechos de los clientes que invirtieron en productos Lehman por una mala praxis bancaria es perfectamente compatible con el cumplimiento escrupuloso de la Ley Orgánica que protege los datos personales de los mismos.

AUSBANC CONSUMO (Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios). Servicios Centrales de Madrid
C/Marqués de Urquijo 44, planta 1º.28008 Madrid Tel: 91541 61 61
Email:[email protected]

Disposiciones Constitucionales en materia de Acciones colectivas en América Latina y España

Autor: Alconsumidor

En México los diputados de TODOS LOS PARTIDOS no consideran a sus ciudadanos MERECEDORES DE PODER DEFENDERSE JUDICIALMENTE A LA HORA DE VOTAR. A continuación presentamos una tabla  de Disposiciones Constitucionales en materia de Acciones colectivas en América Latina y España.

 

 

País	Precepto constitucional
México Reforma aprobada en C. Diputados 23/04/09 Falta aprobación del Senado y Legislaturas (2009)	Art. 17 Las leyes que expida el Congreso de la Unión regularán los derechos colectivos, los cuales solamente podrán establecerse en materia de protección al consumidor, usuarios de servicios financieros y protección al ambiente. Estos derechos podrán ser ejercidos por los órganos federales del Estado competentes en estas materias, por sí o a petición de los interesados. Dichas leyes determinarán las acciones y procedimientos judiciales para tutelarlos. Los Jueces federales conocerán de manera exclusiva sobre estos juicios. …
Argentina (1994)	Art. 43: Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, (...) contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registrados conforme a la ley, la que determinará los requisitos y forma de su organización.   Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes (...)
Venezuela (1992)	Art. 26: Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.[1]
Chile (2004)	No lo tutela su constitución pero sí su Ley del Consumidor legitima a Asociaciones, el SERNAC y grupos de 50 afectados a interponer demandas colectivas.
Brasil (1988)	Título II. De los derechos y garantías fundamentales. Capítulo I. De los derechos y deberes individuales y colectivos. Art. 5, fracción XXI: Las entidades asociativas, cuando estén expresamente autorizadas, están legitimadas para representar a sus afiliados judicial o extrajudicialmente; fracción LXX: El mandamiento de seguridad colectivo puede ser imperado por: a) un partido político con representación en el Congreso Nacional; b) una organización sindical, entidad de clase o asociación legalmente constituida y en funcionamiento desde hace un año por lo menos, en defensa de los intereses de sus miembros o asociados; fracción LXXIII: Cualquier ciudadano es parte legítima para proponer la acción popular que pretenda anular un acto lesivo para el patrimonio público o de una entidad en que el Estado participe, para la moralidad administrativa, para el medio ambiente o para el patrimonio histórico y cultural, quedando el actor, salvo mala fé (sic) comprobada, exento de las costas judiciales y de los gastos de sucumbencia;
Panamá (2006)	No lo tutela constitucionalmente pero sí el Ley no. 29, falta el proceso.
España (1978)	Art. 51 Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
Colombia (1992)	Art. 88: La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos , la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica, y otros de similar naturaleza que se definan en ella.
Ecuador	Personas usuarias y consumidoras Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados. Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas. Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas. Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a asociarse.
El Salvador	No lo tutela constitucionalmente pero sí en Códigos Procesales Penal y Civil legitimando asociaciones.
Uruguay (1988)	No lo tutela constitucionalmente pero sí su Código General del Proceso legitimando  a Asociaciones, MP o un individuo

 

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[1] Explicación en el documento de trabajo: Cualquier persona, incluidas las naturales o jurídicas, tienen acceso a los órganos de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos. Es necesario, que además del interés individual, se esté representando uno colectivo, y éstos a su vez deben estar perfectamente conectados. Los efectos de las sentencias serán erga omnes (benefician a todos y no sólo a las partes del proceso).

Declaración Política: Conformación de la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica

Los días 16 y 17 de mayo de 2009, 100 representantes de 20 organizaciones sociales de 7 estados (Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca, Veracruz) nos reunimos en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con distintas trayectorias de lucha contra las altas tarifas de la luz que cobra la Comisión Federal de Electricidad. Nos juntamos en esta ocasión, conscientes que sólo uniéndonos a nivel local, estatal, regional y ahora nacional nos vamos a fortalecer para enfrentar al enemigo común, el mal gobierno y las grandes empresas, que buscan apropiarse de los recursos que pertenecen a todos y todas. Tras estos dos días de intenso trabajo y debate conformamos la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Luz con los siguientes

Objetivos:

• Fortalecer nuestras luchas de resistencia contra las altas tarifas de la luz a través de la coordinación a nivel nacional que implica: articulación y vinculación, comunicación, solidaridad, intercambio de experiencias, aprendizajes, ampliación de la red.
• Luchar por el respeto y cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
• Luchar contra la privatización de la energía eléctrica.
• Asimismo, acordamos llevar a cabo nuestra lucha con base en los siguientes.

Principios de esta Red:

• Independiente del gobierno y de los partidos políticos, democrática y de lucha.
• Solidaria: "si tocan a unos, tocan a todos".
• No negociar salvo cuando tenga que ver con el respeto a nuestra organización o movimiento.
• Reconocer y respetar nuestras diferencias y diversidades.
• Reivindicamos que la energía eléctrica es del pueblo.

Como primer e importantísimo punto de acuerdo denunciamos en forma urgente las agresiones por parte de la presidencia municipal de Amatenango del Valle, Chiapas, en coordinación con la CFE de Teopisca, contra el movimiento de resistencia civil de la zona, donde más de 52 comunidades han sido afectadas por los cortes de luz, amenazando de muerte a las personas que están en resistencia del no pago. Tenemos información que mañana, lunes 18 de mayo, se llevará a cabo un corte de luz en el Barrio de La Grandeza, municipio de Amatenango, con presencia de efectivos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal Preventiva y posiblemente del ejército.

• Exigimos cese a las agresiones y respeto al movimiento de no pago de la energía eléctrica.
• Responsabilizamos al gobierno municipal, estatal y federal por cualquier provocación.
• Responderemos a nivel nacional y denunciaremos a nivel internacional estas agresiones a nuestros compañeros y compañeras.

Les recordamos a las grandes empresas trasnacionales y a sus cómplices en el gobierno que enfrentarán a un pueblo consciente y preparado para lo que venga ahora y en 2010, año cargado de significado para el pueblo de México. Una vez más decimos, Basta Ya, No Pasarán, sus crímenes contra el pueblo y los recursos de esta nación no quedarán impunes.

¡La Energía Eléctrica es del Pueblo!
¡No a la privatización!
¡Exigimos al gobierno que cumpla y respete los Acuerdos de San Andrés!
¡Alto a la represión contra los pueblos indígenas!
¡Cancelación de las órdenes de aprensión y las averiguaciones previas pendientes contra los compañeros y compañeras de esta lucha de resistencia civil contra las altas tarifas!
¡Libertad a los presos políticos!

Firmamos en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el 17 de mayo de 2009, las siguientes organizaciones de la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica:

Campeche: Resistencia Civil de No Pago

Chihuahua: Movimiento Amplio de Resistencia Civil, MARC

Chiapas: Frente de Lucha Popular 29 de Febrero, Red Estatal de Resistencia Civil "La Voz de Nuestro Corazón" adherente a La Otra Campaña, Consejo Autónomo Zona Costa, Comité de Campesinos Pobres, Frente Cívico Tonalteco, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, REJUCHI, CIEPAC, COCIDEP

Distrito Federal: Técnicos en Defensa de la Luz Popular

Guerrero: Consejo de Ejido y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, CECOP

Oaxaca: Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, UCIZONI, Movimiento de Resistencia Civil del Istmo Oaxaqueño

Veracruz: Resistencia Civil Indígena y Popular (Sur), Radio Aamay-Iyoltokniwan, La Voz Pura de la Sierra.