| Fuente: Sentido Común |
17 de agosto (Sentido Común) – La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó una iniciativa que busca dar a los consumidores o a las asociaciones civiles la posibilidad de presentar demandas de manera colectiva contra empresas o instituciones que no cumplan con sus obligaciones contractuales o que causen daño a la comunidad.
El dictamen, sin embargo, aparentemente no será discutido en un periodo extraordinario que ha convocado la Asamblea para los próximos tres días ante la oposición del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en la asamblea, dijo el diputado local, Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del Partido Nueva Alianza, en una entrevista telefónica.
“Hay una negativa importante del gobierno del DF y sus diputados, y del PAN, que hacen una mayoría, para que no se discuta en el pleno”, dijo Tenorio Antiga, en una entrevista telefónica. “Hay un interés de fondo para que no se le den los medios de defensa a los ciudadanos”.
Sentido Común intentó obtener la reacción del gobierno de Ebrard a los comentarios de Tenorio Antiga, pero no hubo respuesta a la solicitud que presentó el periódico financiero en línea en la oficina de prensa del gobierno del Distrito Federal.
Para diversas organizaciones civiles la decisión de Ebrard, del Partido de la Revolución Democrática, de oponerse a discutir el tema en el pleno, luego de que fue aprobado el dictamen con cuatro votos a favor y uno en contra del PAN, va en contra de los principios que se pensaba defendería un gobierno moderno de izquierda.
Las acciones colectivas han sido tema central para algunos gobiernos progresistas a fin de dar a los consumidores algunas armas para defenderse de los abusos de los poderes empresariales o de las instituciones gubernamentales o incluso de funcionarios públicos que llevan acabo actos de negligencia o corrupción y que daña a la comunidad, como podría ser el caso de la discoteca New’s Divine, que costó la vida a una decena de jóvenes, o el caso más reciente del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que cobró la vida de 49 niños.
“Es decepcionante, porque sí hay espurio cuando le conviene a Marcelo y no lo hay cuando no le conviene”, dijo Daniel Gershenson, cofundador y presidente de la organización civil Alconsumidor, en referencia a la supuesta oposición de Ebrard al gobierno panista de Felipe Calderón, pero sus aparentes vínculos con el PAN en cuanto a negarse a aprobar las acciones colectivas. “Esto es una vez más una respuesta al enorme temor que existe por parte del sector empresarial retrogrado, que tienen filiales en otros países, donde sí tienen acciones colectivas, y ahí ni dicen pío”.
En México, algunas organizaciones empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial, se han mostrado temerosos a que se aprueben las acciones colectivas por las repercusiones que podrían tener éstas en sus negocios.
Para algunos especialistas, sin embargo, la facultad que da las acciones colectivas a los consumidores es fundamental para incentivar a las compañías a brindar un mejor servicio o a restituir sus fallas ante la amenaza de enfrentar una acción colectiva.
A nivel federal, en abril pasado, la Cámara de Diputados, aprobó una iniciativa a favor de las acciones colectivas, pero, de acuerdo a algunas organizaciones civiles, muy acotadas y que sólo simulan brindar esas armas de defensa a los consumidores, pero sin que los ciudadanos pueden de hecho gozar del instrumento jurídico.
La iniciativa aprobada por los diputados dejó así mucho que desear pues, en primer lugar, prohibía a las legislaciones locales legislar sobre el tema; segundo, limitaba a tres las materias que podían recibir los beneficios de la justicia colectiva (medio ambiente, consumidores y usuarios); y tercero, daba en exclusiva a dependencias gubernamentales, como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), la facultad para originar una acción colectiva, dijeron organizaciones civiles.
Esa iniciativa está aún por debatirse en el Senado. Las organizaciones civiles esperan que los senadores reformen la iniciativa para eliminar los aspectos que restringen el buen desempeño de las acciones colectivas.
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