| Fuente: Cencos |
Acciones colectivas, aplicación (Parte II y última)
México D.F., 28 de enero de 2010 (Cencos).- Los y las mexicanas tendrían una voz más fuerte como sociedad ante el poder judicial si se aprueba por el Congreso el uso de Acciones Colectivas y se plasma en una adecuada ley secundaria. Dos tipos de casos donde un grupo de personas podría demandar violaciones a los derechos humanos para buscar justicia son el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y la lucha contra la Minera San Xavier en San Luis Potosí (SLP).
En el primer caso, el Estado falló en garantizar las medidas de seguridad de la guardería ABC subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se incendió el pasado 5 de junio de 2009, que provocó la muerte de 49 niños y niñas además de otros lesionados con quemaduras graves. Tras este accidente los padres y madres de las víctimas se organizaron, pero su lucha a nivel legal debe realizarse individualmente.
Esta defensa se podría hacer conjuntamente con las Acciones Colectivas, madres y padres de las y los menores fallecidos y accidentados podrían ser representados por una organización adquiriendo mayor fuerza y presencia para demandar al Estado y a los dueños de la guardería ABC, que carecía de medidas mínimas de seguridad exigidas por ley. Al ejercer una acción colectiva se agilizan los tiempos, se ahorran costos, se gana representatividad e incluso procedimientos como el desahogo de pruebas, al aplicar a todos las afectados y no tener que hacerse proceso por proceso, lo que permitiría presentar un caso más contundente.
En el caso de la explotación minero-siderúrgica en el cerro de San Pedro, que ilustra el escudo de San Luis Potosí pero que ahora ha desaparecido, grupos ecologistas y pobladores de cinco municipios se conformaron en el Frente Amplio Opositor (FAO) pero la lucha a nivel judicial ha sido emprendida por San Luis Pro Ecológico, sin que esta organización sea considerada por el sistema judicial como representante de los y las afectadas.
El FAO ha demandado desde hace ya 10 años la salida de la empresa Minera San Xavier, subsidiaria de la trasnacional canadiense New Gold, porque no tiene permiso para ejercer la minería en esa área natural protegida, y porque el método empleado (explotación a cielo abierto por lixiviación con cianuro) está devastando el medio ambiente, violando los derechos de toda la población del valle de SLP a un medio ambiente sano y a la salud. Sin embargo, los y las pobladoras no pueden demandar en calidad de afectados directos sino que se demanda por la falta de permisos de la minera.
Esta lucha puede devenir en el impedimento de que la minera suspenda sus actividades de explotación y establezca un proyecto de reparación ecológica para la zona, pero al no identificarse afectados directos se descarta toda posibilidad de reparación del daño a los miembros de la comunidad, cosa que no ocurriría de poder aplicar las Acciones Colectivas, con las cuales también se podría sentar precedentes para que las mineras dejen de violar derechos humanos en todo México.
Además de su aplicación directa, hay otro elemento que impactaría sobre el sistema jurídico y sobre la actuación de las empresas y el Estado de aprobarse la reforma constitucional que permita las acciones colectivas y que “se refiere a disuadir a proveedores públicos y privados de seguir incurriendo en abusos a gran escala”, explica Daniel Gershenson de Alconsumidor.
Con el sólo hecho de que exista la posibilidad de acceder a la justicia colectivamente y de esta forma denunciar los abusos de las grandes corporaciones y los Estados contra los y las ciudadanas, las acciones colectivas “equilibran las reglas del juego entre gobernantes y gobernados y entre proveedores y consumidores, donde en el cien por ciento de los casos documentados en nuestro país la relación siempre ha sido brutalmente asimétrica a favor del interés privado y por encima del bien público y el bien común”, así, agrega, “se obliga a que los políticos de todos los niveles y los proveedores de todos los niveles, piensen muy bien, de manera apriorística antes de tomar una decisión que puede traducirse en una afectación y en un abuso”, sostiene Gershenson.
Oxfam, AlConsumidor, El Poder del Consumidor y El Barzón son organizaciones de la sociedad civil que se encuentran trabajando para conseguir el reconocimiento de esta figura jurídica y que continuarán con acciones durante 2010 para hacer que la iniciativa avance, además de actividades de concientización y difusión explicando qué implica que se logre el reconocimiento de la colectividad en la Constitución mexicana. La idea, dice Adriana Labardini, es “hacer un llamado a pronunciarse porque de lo contrario las empresas van a hacer un cabildeo enorme”, como ya ocurrió el año pasado.
Mientras la sociedad civil impulse esta iniciativa, tendrán un camino arduo ya que “tanto el Estado cómo las empresas privadas van a querer reducir el ámbito de aplicación de las acciones colectivas lo más posible, sin embargo los ciudadanos seguiremos luchando por abarcar lo más posible”. El 2010 representa una nueva oportunidad para el avance democrático desde el poder Legislativo, aunque si los parlamentarios no miran a las necesidades del pueblo esto podría no suceder.
Centro Nacional de Comunicación Social
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