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ACCIÓN COLECTIVA, INSTRUMENTO PROCESAL PARA RESARCIR DERECHOS AFECTADOS DE CIUDADANOS

Fuente: scjn.gob.mx

México D. F., 26 de Mayo de 2010 | La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la acción de grupo en representación de consumidores (acción colectiva), es un instrumento procesal diseñado para ampliar a los ciudadanos el acceso a los órganos jurisdiccionales, facilitarles la garantía de sus derechos y de esta forma atemperar la asimetría que caracteriza las relaciones entre proveedores y consumidor.

La resolución de la Sala subraya que la acción colectiva, prevista en la Ley Federal de Defensa del Consumidor, tiene una doble función: por una parte protege con mayor extensión a consumidores afectados por la obtención de bienes o servicios normalmente producidos y comercializados en masa, y por otra incentiva a mejorar los controles de calidad de los propios proveedores en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios.

En el caso concreto, la Profeco había interpuesto una acción de grupo para solicitar el pago de daños y perjuicios en representación del grupo de familias afectadas por la defectuosa construcción de un fraccionamiento en el municipio de Chihuahua.

Las viviendas, que eran de interés social, presentaron fallas estructurales que habían afectado muros, losas, puertas y ventanas, además de que las instalaciones hidráulicas y eléctricas resultaron ser de muy baja calidad.

En primera instancia, el juez absolvió a la constructora de las prestaciones reclamadas, y en apelación el Tribunal Unitario condenó a la empresa demandada a resarcir los daños y perjuicios de ochenta y dos consumidores. Contra esta resolución, ambas partes promovieron un amparo, que fue atraído para su resolución por la Primera Sala.

La resolución de la Sala, que otorga el amparo a la Profeco y lo niega a la empresa constructora, tiene como consecuencia que quede insubsistente la sentencia del Tribunal Unitario y se dicte otra en la que no se limite el efecto declarativo de la sentencia a un número determinado de consumidores, sino que todos los que acrediten la calidad de perjudicados puedan acudir a la segunda fase del juicio, en donde, por la vía incidental, se determinarán los daños concretos que la empresa deberá resarcir a cada miembro de la clase afectada los daños que se acrediten en sus viviendas.

Corte determina que acciones colectivas facilitan defensa de consumidores

Por: Mauricio Torres | Fuente: CNN México

26 de mayo de 2010 | La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las acciones colectivas son un instrumento jurídico que facilita a los ciudadanos la defensa de sus derechos como consumidores, lo que para Daniel Gershenson, presidente de la asociación civil Alconsumidor, “sienta un importante precedente en la materia”.

Este miércoles, la Primera Sala de la Corte resolvió que la acción colectiva, establecida en la Ley Federal de Protección al Consumidor desde 1992 y recientemente incluida en la Constitución, tiene una “doble función”.

Por un lado —señaló el tribunal en un comunicado—, “protege con mayor extensión a consumidores afectados por la obtención de bienes o servicios normalmente producidos y comercializados en masa”. Por el otro, “incentiva a mejorar los controles de calidad de los propios proveedores”.

La Corte falló a favor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que presentó una acción colectiva en representación de un grupo de familias que demandaban a una empresa “por la defectuosa construcción de un fraccionamiento en el municipio de Chihuahua”.

Con esta resolución la Corte dejó sin efecto la sentencia de un tribunal unitario, que había determinado que la constructora de viviendas resarciera los daños a sólo 82 de los demandantes.

La empresa y el grupo promovieron un amparo contra ese fallo, y este miércoles la Corte lo otorgó a los consumidores. Ordenó “que todos los que acrediten la calidad de perjudicados puedan acudir a la segunda fase del juicio, en donde, por la vía incidental, se determinarán los daños concretos que la empresa deberá resarcir a cada miembro de la clase afectada”.

De acuerdo con Gershenson, uno de los promotores de que las acciones colectivas fueran incluidas en la Constitución, la decisión de la Corte “sienta un importante precedente” en materia de defensa de los consumidores.

Sin embargo, dijo a CNN México, la resolución corresponde al marco jurídico de 1992, que da a la Profeco el “monopolio” de las acciones colectivas.

La reforma aprobada en marzo pasado, que incluyó este mecanismo jurídico en el artículo 17 de la Constitución, establece que los ciudadanos pueden organizarse de forma independiente —sin la intermediación de una autoridad— para defender derechos colectivos relacionados con el consumo, los derechos humanos, el patrimonio cultural, el ambiente y la salud, agregó.

Al tratarse de una reforma constitucional, para ser aplicada en todo el país requiere ser avalada al menos por 17 legislaturas estatales. Hasta el momento la han adoptado nueve entidades: Tamaulipas, Oaxaca, Nuevo León, Sonora, Colima, Tlaxcala, Zacatecas, Veracruz y Guanajuato.

Si los cambios son aceptados, el Congreso de la Unión tendrá que elaborar la ley secundaria que regule su instrumentación.

Telefonía celular: escándalo nacional

Por: Miguel Molina | Fuente: El Universal

22 de mayo de 2010 | Muchos nos hemos quejado de las desventajas de la dominancia que tiene Telcel en el mercado de la telefonía celular en México; se traduce, creemos por experiencias incidentales, que los precios de sus servicios son significativamente mayores que en otras partes del mundo, y muchas veces recurrimos a compararnos con casos cercanos como el de Estados Unidos, cuyas diferencias tarifarias son causa de indignación nuestra; pagamos tarifas que parecen de robo en despoblado.

También para nuestra desgracia, y probablemente por la debilidad y/o complicidad del gobierno, la participación de otras compañías en el mercado de celulares no ha servido de nada para reducir las tarifas a niveles comparables internacionalmente. El mercado mexicano de telefonía celular se ha convertido en un club de unas cuantas empresas claramente coludidas para mantener tarifas en niveles de abuso para los mexicanos.

Desgraciadamente hace unas semanas pude comprobar nuestra sospecha de la rapacidad de las tarifas celulares en nuestro país, pero esta vez comparándonos con un país de características más similares a México: India. Con la evidencia que recogí directamente en ese país, como un usuario cualquiera, puedo asegurar que las tarifas de teléfonos celulares en México tienen niveles escandalosos.

Para empezar, el costo de los aparatos: compré un equipo de cuarta generación (es decir con características más avanzadas que el mercado en México, que entiendo es de tercera generación), con dos tarjetas SIM, que por supuesto pueden pertenecer a dos compañías celulares distintas pero operarse con el mismo teléfono; además, el aparato es de producción india (otra ventaja de integración en la que nosotros ni pensamos ya después de muchos años de desindustrialización), y tiene todas las características de un smart phone (Blackberry o un iPhone), además de por supuesto servir como PC para efectos de internet y mail. El teléfono me costó el equivalente de 60 dólares, más o menos 800 pesos, sin ningún plan de plazo, ni siquiera de compañía. El costo de un teléfono equivalente en México probablemente oscile entre 3 y 5 mil pesos. Y esto para empezar.

El servicio: adquirí el equivalente de 40 dólares de tiempo aire que me duraron todo el viaje (de más de 20 días) con llamadas acumuladas a México y España de no menos de 2.5 horas), además de múltiples llamadas locales, e interestatales (las tarifas en India aumentan ligeramente al cambiar de entidad federativa). En promedio el costo por minuto que pagué, incluyendo largas distancias intercontinentales, es entre cinco y ocho veces inferior al que pagamos en México en, por ejemplo, Amigo-Telcel, por llamadas a celular obviamente en territorio nacional.

En las comparaciones con EU hay todo tipo de pretextos para explicarnos el porqué de las diferencias tan significativas; pero con el caso de India me parece que no hay justificación que valga. En ese país da la impresión de que nadie vive sin el servicio de telefonía celular, no importa qué tan angustiada sea su situación económica. En México hay todavía millones de adultos sin acceso, y los que lo tenemos pagamos el oro y el moro por el servicio.

Con o sin la iniciativa antimonopolios del presidente Calderón (que por cierto aplaudo con todo entusiasmo) los mexicanos ya no debemos tolerar las elevadísimas tarifas producto de la colusión de las compañías celulares en México.

En el texto introductorio de la iniciativa se comenta que las familias mexicanas destinan 30% de su gasto a mercados con problemas de competencia, en los cuales gastan 40% más que si hubiera competencia. Para el caso de la telefonía celular en comparación con India, los consumidores gastan mucho más (por lo menos cinco veces más), es decir, 400% o 500% más.

Si la estimación del Presidente es igual de conservadora en otros productos y servicios en los que somos rehenes de oligopolios y monopolios, el problema no es de un sobregasto injusto para las familias de un 12% sino más, mucho más.

Esta situación es intolerable tanto para las familias de México como para la empresas mexicanas que tienen que competir en los mercados internacionales con insumos y servicios con precios y tarifas sobrepreciados.

Consultor en temas financieros y económicos.

Acciones colectivas: logro histórico

Por: Daniel Gershenson / Fuente: El Universal

Jueves 29 de abril de 2010. Las acciones colectivas llegaron para quedarse. México es, junto con Haití, una de las últimas naciones en asumir como propios los compromisos en materia de acceso a la justicia que ya son moneda común en este continente, así como en Europa, Asia e incluso en África.

Como uno de los principales impulsores de este mecanismo de defensa jurídico a nivel federal y local en México, difiero de algunos juicios vertidos recientemente en estas páginas.

Respeto a cabalidad opiniones distintas: de suyo, la única abiertamente pesimista que ha aparecido en medio alguno. Lo lamento, porque hemos compartido preocupaciones y seguramente lo haremos en el futuro. Pero para el caso que ahora nos ocupa y con el debido respeto, el puritanismo constitucional a destiempo nos condena a seguir anclados a vicios, errores e inercias del pasado.

La sociedad civil, como nunca, se unió para apoyar la causa de los procesos colectivos en todo el país, y en todos los estados. Lo hace cada vez con más fuerza para temas de aplicación generalizada: derechos humanos, medio ambiente, patrimonio cultural, salud, competencia económica y un largo etcétera.

Se alegan defectos en la actual propuesta federal de acciones colectivas, aprobada unánimemente por el Poder Legislativo. Este escepticismo sería atendible, de haber generado inconformidades que nunca se han manifestado por parte de las mejores mentes jurídicas.

Al contrario. La tesis del grupo asesor de académicos, representado por figuras de instituciones públicas y privadas mexicanas, afirma que es un avance sin precedente. De otra forma no habríamos contado con el apoyo decisivo del legislador que presentó en la tribuna de San Lázaro la propuesta: don Juventino Castro, ex ministro de la Suprema Corte, diputado perredista, impulsor del amparo social y presidente de la Comisión de Justicia.

Nada mejor para una muy disminuida cúpula empresarial minoritaria, aferrada, recalcitrante y su ejército de mercenarios, que echar abajo este esfuerzo conjunto que se remonta por lo menos al año 2006, cuando se presentó por primera vez en público la posibilidad de superar rezagos vergonzosos en distintas esferas de la vida diaria. Porque lo que se propone como opción es, en el mundo real, una apuesta para que no avance nada:

Las mesas de trabajo en la Cámara alta fueron arduas. El proceso duró más de dos años. En efecto: la redacción que se obtuvo en el Senado (encabezada desde el principio por un firme defensor de esta figura jurídica: Jesús Murillo Karam, del PRI), pudo haber sido mejor. Sin embargo (en esos momentos, y dadas las alternativas), era la única posible y razonable.

Como muestra, basta un botón. Los verdaderos motivos del naufragio de la versión local apoyada —contra viento y marea— por los asambleístas Círigo (PRD), Tenorio (Panal) y Schiaffino (PRI) en la cuarta Legislatura de la ALDF, son atribuibles a la “asesoría” efectuada por los mismos cabilderos y actores externos —vinculados a intereses empresariales oligopólicos— que también operaron la contrarreforma federal desechada en su oportunidad por los actuales diputados, junto con sus pares en el Senado.

Por fortuna, la propuesta en el DF corre mejor suerte. Sin la abierta interferencia de los poderes fácticos. Avalada por la coordinadora del PRD y presidenta de la ALDF: Alejandra Barrales, y casi 40 asambleístas de la quinta Legislatura, la impulsan con entusiasmo David Razú y Maximiliano Reyes, ambos diputados locales perredistas. Todo parece indicar que cuenta con magníficas posibilidades de concretarse.

La ventana de oportunidad se está cerrando. Por primera vez en México, habrá justicia para víctimas de malas prácticas que, en virtud de ser incosteables para cada causa individual, constituyen el pan de cada día en miles o millones de casos. Tendremos la posibilidad de combatir frontalmente a proveedores abusivos y autoridades inescrupulosas.

Habrá sin duda dolores de parto y curvas de aprendizaje, pero es el precio que debemos pagar por asumir a plenitud nuestro destino.

Las acciones colectivas podrán emprenderse, muy pronto, en México. Suponer que las dos propuestas: la federal y la del DF (o las que vayan surgiendo en otros estados), son proyectos excluyentes es un error de consecuencias imprevistas. En tiempos de frágiles consensos y vísperas electorales, nos remitiría al peor de los mundos: cancelaría nuestra llegada a una tierra prometida que, aunque perfectible, es la que nos pertenece. Desde siempre, y por justicia elemental.

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Presidente de Alconsumidor, AC