15 de junio de 2010. Se espera que en menos de un año se podrían implementar Acciones Colectivas en México, y un primer caso emblemático sería cuestionar la legalidad de tantos contratos de adhesión y prácticas públicas que atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos al privarlos de servicios básicos.
Así lo señalaron Adriana Labardini y Daniel Gershenson, fundadores de Alconsumidor, A. C., y agregaron que tienen la convicción de que México será un mucho mejor país para todos cuando la legalidad prevalezca, la responsabilidad y la ética de empresarios, gobierno y ciudadanos sean la regla y no la excepción, cuando el incentivo de actuar bien supere al que hoy prevalece arropado por la impunidad.
“La ley que cree un proceso colectivo federal deberá recoger nuevos principios y paradigmas de justicia social, reconocer la enorme asimetría de las partes en el proceso, garantizar la eficiencia por encima de formulismos y formalidades frívolas y costosas que impiden llegar al fondo de los casos”, señaló Adriana Labardini.
El nuevo proceso colectivo habrá de dar legitimación activa a ciudadanos, colectividades, asociaciones y otras personas morales que ya por ser afectados directos o por estar legitimados por ley para representar el interés colectivo o difuso, dado su ámbito de actuación y objeto social, puedan justificar su representación idónea para defender intereses colectivos, lo cual habla de una solidaridad social en la que se crea un círculo virtuoso de justicia.
La ley reglamentaria del artículo 17 Constitucional, debe inspirarse en las mejores prácticas internacionales, para ser efectiva en México. Debe ser amplia. Permitir que, tanto Asociaciones como grupos de ciudadanos con un interés legítimo, puedan emprender acciones colectivas cuando haya una auténtica causa en común derivada de derechos o intereses colectivos o difusos, indicó Daniel Gershenson, Presidente de Alconsumidor.
Este innovador proceso de defensa colectiva, habrá de reconocer la eficiencia de los medios electrónicos de la sociedad digital, redes sociales, el Internet, para difundirla masivamente y no adoptar formas decimonónicas y onerosas para notificar y propagar la existencia de una demanda colectiva. Será moderno y eficiente para lograr su fin último: lograr justicia masiva, compensar por daños causados, disuadir el abuso, incumplimiento y negligencia donde la hay sin privilegiar jamás casos frívolos, temerarios, hechizos.
El proceso exigirá la generación de mejores abogados y mejores jueces, habrá que capacitar a ambos, introducir nuevos programas académicos en las Escuelas de Derecho y nuevos abogados con una ética mucho más robusta, fomentar la formación de abogados de Interés Público, expertos en litigio estratégico, analíticos, con altos niveles de ética y compromiso social por la equidad. México no puede hundirse en la ilegalidad, la falta de profesionalismo, la impunidad y el rezago de su sistema de impartición de justicia.
Las acciones colectivas son la mejor inversión para la sociedad mexicana del futuro si queremos evitar que se haga justicia en la calle ante la creciente desigualdad y pobreza, o como hoy, que prevalece el más fuerte.
Las leyes que incorporen acciones colectivas en todas aquellas materias que traten con intereses y derechos colectivos y difusos habrán de ser vanguardistas, equilibradas, respetuosas del sistema federal, claras en sus definiciones, pero permitiendo hasta cierto punto la interpretación judicial ante situaciones imprevistas por las leyes que no pueden preverlo todo.
Deberán establecer que la cosa juzgada será erga omnes, es decir, con efectos generales para todos los que caigan bajo el supuesto del grupo o colectividad en cuestión, siempre y cuando tal grupo o colectividad haya sido adecuadamente representado, sea que el actor legitimado gane o pierda el caso, para brindar certeza jurídica.
Finalmente, la sentencia de un proceso colectivo habrá de asegurarse que el lucro obtenido indebidamente nunca, bajo ninguna circunstancia, quede en poder del que así lo hubiese obtenido, sea que se reembolse al perjudicado, sea que pase a manos de terceros o de un fondo de justicia colectiva, pero nunca quedará en manos del demandado que haya sido condenado.
En suma, el proceso colectivo deberá ser fuerte, contundente, eficiente, una herramienta de justicia realmente eficaz y con los “dientes” necesarios para lograr su objetivo, pero nunca abusiva en sí misma ni prejuiciosa, ni tolerante con abogados tramposos, abusivos, sin ética. Los conflictos de intereses deberán ser evitados a toda costa.
Alconsumidor considera que los legisladores deberán tener visión a largo plazo ya que México no puede seguir rezagándose cuando toda América Latina cuenta ya con procesos colectivos, excepto Cuba, y otros países del Caribe.
Las empresas responsables, competitivas, innovadoras no tienen de qué preocuparse, al contrario, resultarán diferenciadas de sus competidores que quizá no tienen sus mismas prácticas pero sí un lucro enorme. Las leyes por expedir castigarán demandas frívolas o temerarias.
“Empresas, Gobierno y Ciudadanía, todos evolucionarán cuando sepan que sus prácticas u omisiones serán juzgadas cuando afecten derechos e intereses colectivos o difusos, y de ser halladas ilegales, abusivas o indebidas, serán sancionadas y el daño será compensado, y entonces, sólo entonces, México será un País de Primer Mundo, en el que más personas vivan mejor porque es su derecho y por que cumplen sus obligaciones, y no un país en el que unos cuantos privilegiados vivan excepcionalmente bien a costa de la gran mayoría”, finalizaron los fundadores de Alconsumidor, A.C..