Fuente: animalpolitico.com | Por: Daniel Gershenson |
20 de Nociembre de 2012. Hace cinco días se cumplió un lustro de la introducción en la Academia, del mecanismo de defensa de derechos colectivos que podría nivelar la relación asimétrica entre malos gobiernos y gobernados, o proveedores inescrupulosos y sus usuarios. Experimento frustrado en la Legislatura, que debe modificarse para beneficio directo de la ciudadanía
Otra vez, la burra al trigo.
Discurramos un poco. Echemos a volar la imaginación. Supongamos que gobiernos locales, estatales o federales permiten unilateralmente la construcción de una autopista urbana anacrónica, inútil y ecocida para beneficio principal de sus socios constructores e inmobiliarios. Que empresas y bancos sin escrúpulos realizan cobros indebidos en detrimento de miles y millones de sus usuarios cautivos. Que el patrimonio ambiental se reduce cada vez más a un asunto de agandalles y reparto de botín, en una danza inacabable de dólares, euros, pesos y centavos. Que los sectores más vulnerables de la población: niños, mujeres, indígenas, carecen desde siempre de representación y mecanismos legales para protegerse.
Aún vivimos en la orfandad de las Acciones Colectivas. El quince de noviembre de 2007, estábamos listos para inaugurar en el auditorio del ITAM (misma institución que premiaría al director del IMSS Daniel Karam #GuarderiaABC con Galardón al Mérito Profesional cuatro años después, y a Felipe Calderón con la Carrera al Universo y placa en su Salón de la Fama, en 2012: teatro de claroscuros), un Foro sobre el particular con especialistas, ONG, académicos de México, Sudamérica, España y los Estados Unidos. Al evento asistieron prácticamente todas las universidades públicas y privadas, con representación de los titulares de sus respectivas facultades de Derecho, distintos medios y un nutrido grupo de activistas interesados en el tema donde México ha exhibido mayores rezagos de cualquier país miembro de la OCDE: el del acceso y legitimación de grupos afectados por abusos sistemáticas de gobiernos y empresas en su economía, Medio Ambiente, Derechos Humanos, etc.
Fue un éxito, que se repitió los días 27 y 28 de marzo de 2008 con el Seminario convocado por Suprema Corte de Justicia, y que contó con la presencia de tres Magistrados, integrantes del Poder Legislativo de los principales partidos políticos y muchos expositores que habían sido invitados al ITAM el año anterior. Parecía alcanzable un proyecto de ley que permitiera emparejarnos con otros países latinoamericanos y del resto del mundo.
Segunda llamada para ponernos al día, esta vez desde el Poder Judicial
Pero tenía -por supuesto- que imponerse la terca, autóctona y cruel Realidad, en esta Ínsula Barataria que pronto gobernará de nueva cuenta, y como si no hubiera existido el interregno panista, el PRI reloaded en la persona de Peña Nieto. Júnior ex gobernador del Estado de México, que fue también uno de los principales opositores al esquema amplio e incluyente que instruyó a su fracción en la Cámara de Diputados a consumar el atraco: Leyes Secundarias deficientes, aprobadas por el Poder Legislativo.
La propuesta votada y publicada en 2011 niega, en los hechos, lo que simula ofrecer en el discurso: la verdadera consolidación de un régimen de procesos colectivos que salvaguarde derechos fundamentales, limitando excesos autoritarios que atentan contra el Bien Común. Por eso resulta crucial, a cinco años de haber iniciado el debate, seguir impulsando reformas profundas que abarquen todos los ámbitos y permitan que la mayor cantidad de personas se vean favorecidas con sus resultados.
Hoy día sólo se pueden emprender procesos colectivos contra infractores privados (o el gobierno, únicamente en caso de ser proveedor público como PEMEX, CFE, etc.) en cuatro ámbitos particulares: Consumo, Servicios Financieros, Medio Ambiente y Competencia Económica. Los efectos de la sentencia sólo beneficiarán a los que se incorporen explícitamente al grupo agraviado, contradiciendo las mejores prácticas internacionales. Un recurso de gran efectividad, domesticado por empresas depredadoras que no se atreverían a incurrir en este tipo de prácticas fuera de México, sus cabilderos y cómplices en el gobierno.
Debemos reiterar, cuantas veces sea necesario, el evidente Mantra ciudadano. No abrirá las puertas de la justiciabilidad por sí solo, ni va a solucionar todos los problemas que nos aquejan. Pero será un buen comienzo, aplazado gracias a múltiples tentativas del peor empresariado y la cortedad de miras de una clase política que ve con recelo cambios necesarios, que integran la realidad cotidiana en otras latitudes: Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Filipinas, la India, Uganda, Sudáfrica, Europa, Canadá, Australia, Estados Unidos…
Son herramientas jurídicas imprescindibles, que prevendrán que caigamos en la espiral autoritaria que podría ser un desenlace del retorno priista al Ejecutivo. Si acaso, claro está, lo permitimos.
No queda de otra. Hay que seguir repitiéndolo, ante propios y extraños.
Aquí un video de junio 2009, que describe lo que son las Acciones Colectivas y su importancia.
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